La decisión, revelada el viernes 8 de mayo mediante un documento oficial fechado el 29 de abril, contradice los compromisos que el presidente Gustavo Petro asumió ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una visita a la Casa Blanca el pasado febrero.
El consejero presidencial de paz, Otty Patiño, formalizó la solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para que los miembros del cartel puedan ingresar a una zona designada en el noroeste de Colombia y retomar las negociaciones de paz, según un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de Paz divulgado en la red social X.
El Clan del Golfo, calificado como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos, negocia su desarme con el gobierno colombiano en Catar desde septiembre del año pasado, en el marco de la política de paz del presidente Petro, quien debe entregar el poder el 7 de agosto próximo.
Contradicción con Washington
La medida pone en evidencia una tensión directa con los compromisos diplomáticos adquiridos por Petro.
En febrero, durante una reunión en la Casa Blanca que puso fin a meses de fricciones entre los dos países, el mandatario colombiano acordó con Trump redoblar la persecución de los principales narcotraficantes del país, entre ellos el propio Ávila.
Estados Unidos había retirado a Colombia, el año pasado, la certificación de aliada en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes los esfuerzos de Bogotá en ese ámbito.
El Clan del Golfo controla el tráfico de la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor proveedor mundial de esa droga.
La organización opera bajo un modelo de franquicias territoriales y expandió sus filas desde que Ávila asumió su conducción en 2021, tras la captura y extradición a Estados Unidos de su predecesor, conocido como Otoniel.
“Chiquito Malo”, descrito por autoridades como un individuo hermético y de baja estatura, mantiene un perfil deliberadamente opaco que ha complicado su localización.
El propio abogado de la organización reconoció a finales de abril que considera “imposible” alcanzar un acuerdo antes del fin del mandato presidencial.
La declaración subraya el estado precario de un proceso de paz que enfrenta simultáneamente la presión diplomática de Washington, la resistencia interna de sectores del Estado colombiano y el escepticismo de los propios negociadores del cartel.
