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Argelia, Colombia. Con la producción de cocaína y los cultivos de hoja de coca en máximos históricos, el gobierno de Colombia hace una apuesta fuerte: pagar a los campesinos para que arranquen de raíz las plantas del principal componente de la droga y golpear así al narcotráfico.
En Argelia, un municipio en la región del Cañón del Micay del suroeste del país, la familia de Alirio Caicedo y su hijo Nicolás es una de las más de 3.900 que el presidente izquierdista Gustavo Petro convenció para que se acojan voluntariamente a un programa anunciado en marzo.
A diferencia de anteriores iniciativas de este tipo, esta contempla un primer subsidio anticipado de poco más de $300 para que los campesinos arranquen con sus manos los cultivos.
Animados con el primer pago, Nicolás, de 44 años, y su padre de 77 utilizan palas para arrancar casi dos hectáreas de coca de su predio. “Es duro”, confiesan a la AFP.
“Cuando uno está sembrando una mata (de coca) tiene la esperanza” de que “va a tener una cosecha y va a tener unos ingresos”, explica Nicolás. Ahora, “arrancarla significa (...) que en un futuro no va a haber cosecha, es decir no va a haber plata” fija, dice.
El plan se pone en marcha justo cuando Colombia contiene la respiración a la espera de que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, decida en setiembre si renueva la certificación del país como aliado en la lucha contra el narco.
Petro llegó al poder en 2022 con la idea de cambiar el enfoque punitivo de esta guerra y acordar la paz con todos los grupos armados. Pero recientemente ha intensificado la ofensiva contra las agrupaciones ilegales. Y volverá a utilizar glifosato para fumigar los cultivos de coca.
Las familias recibirán 12 desembolsos, el primero para el arranque y los demás para comprar insumos necesarios para hacer la transición a cultivos lícitos como el café y el cacao.
Viraje
La jefa de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, aseguró a la AFP que el programa tiene como meta acabar con por lo menos 45.000 hectáreas de plantaciones de coca en tres de las zonas más conflictivas del país y así “reducir la oferta” para los narcos.
En 2023, Colombia tenía 253.000 hectáreas de narcocultivos, de acuerdo con el último balance de la ONU.
El gobierno desembolsará cerca de $14,4 millones para esta iniciativa, anunciada en marzo, aunque la cifra puede variar si el número de hogares vinculados aumenta.
Lo que Petro llama “pagos por erradicación voluntaria” genera dudas entre los expertos.
El presidente dio un “viraje muy claro” desde enero, cuando Trump llegó al poder, considera Estefanía Ciro, excoordinadora de investigaciones sobre narcotráfico de la Comisión de la Verdad que nació del acuerdo de paz con la guerrilla FARC de 2016.
Ciro considera que este programa “mantiene exactamente las mismas condiciones” de intentos anteriores que no tuvieron éxito, pues tiene como “primer principio” que “la coca tiene que desaparecer”, sin considerar otros factores, como el fin del conflicto armado en las regiones.
El histórico pacto que desarmó a las poderosas FARC contemplaba un programa similar de sustitución de cultivos que no condujo al fin del narcotráfico.
Para Ciro es un error aplicar la nueva estrategia de Petro sin antes acordar el desarme de los grupos ilegales.
Verificación
En el predio de los Caicedo ahora crece el café, en bonanza gracias a los altos precios internacionales.
Apuestan por la tranquilidad ya que, a diferencia de los narcos, la coca no los hace millonarios. Con la hoja podrían garantizar un ingreso de hasta 2.500 dólares cada tres meses.
“Nosotros estamos ya en este paseo (proyecto) y toca continuar y ver hasta dónde llegamos”, se convence Alirio.
Otro campesino que prefiere el anonimato por seguridad también dio su palabra al gobierno de acabar con la coca, con temores, pues “ningún grupo armado que viva” del narcotráfico “va a querer que un campesino deje de sembrar”.
El proyecto avanza en las montañas sin que las autoridades reciban en sus manos las hojas.
Miranda asegura que habrá un monitoreo satelital “juicioso”, pues es “difícil” verificar el destino de cada planta. Quienes incumplan, serán expulsados del programa.
El secretario de gobierno de Argelia, Pablo Daza, reconoce un riesgo de que personas “traten de engañar” al gobierno.
Si no se “hace la verificación, las probabilidades de que estemos botando (desperdiciando) la plata son bien altas”, considera Emilio Archila, comisionado de paz y encargado de estos temas del gobierno anterior del derechista Iván Duque, también criticado por su lucha antidrogas.
