México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta este martes su plan de seguridad, con el objetivo de frenar una espiral de violencia que deja unos 30.000 asesinatos cada año. La mayoría de estos crímenes están vinculados a actividades criminales transfronterizas.
La mandataria lanzará su estrategia tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, ocurrido el pasado domingo, apenas unos días después de que asumiera su cargo. Guerrero es uno de los seis estados del país que concentran casi la mitad de los homicidios.
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La violencia en México se focaliza en puntos estratégicos como rutas de la droga, fronteras, puertos de entrada de componentes químicos para la fabricación de fentanilo, y regiones productoras de aguacate y limón.
En esas zonas operan y se enfrentan los dos principales cárteles del país: el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Geografía del crimen
Sheinbaum lleva apenas una semana en la presidencia, y la violencia no cede. En Chilpancingo fue decapitado su alcalde. En Guanajuato, el jueves se hallaron 12 cadáveres. En Sinaloa, se registraron unas 150 personas asesinadas en las últimas tres semanas.
La reciente escalada en Guanajuato responde a una contraofensiva del cártel de Sinaloa y sus aliados contra el CJNG, que domina la región, según el experto en seguridad David Saucedo. Guanajuato, el estado más violento de México, registró más de 3.000 asesinatos en 2023. Pese a ello, la región atrae inversiones multimillonarias de multinacionales como General Motors, Mazda y Honda, además de ser un destino popular entre jubilados estadounidenses fascinados por San Miguel de Allende.
En el sur del país, en el estado de Chiapas, la violencia está ligada a la incursión del CJNG en municipios fronterizos con Guatemala, que antes eran bastiones del cártel de Sinaloa, según el sitio Insight Crime.
En Guerrero, varias mafias se disputan el control del narcotráfico y otras actividades criminales. Mientras tanto, en Sinaloa, un conflicto interno dentro del cártel del mismo nombre desató una ola de violencia, según el gobernador Rubén Rocha.
En las localidades fronterizas con Estados Unidos, como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, la violencia es crítica debido al tráfico de drogas y migrantes, lo que las convierte en algunas de las ciudades más peligrosas del mundo.
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Sinaloa vs Jalisco
Los cárteles de Sinaloa y Jalisco se encuentran en el centro de la crisis del fentanilo. Esta droga sintética está relacionada con dos tercios de las más de 100.000 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos en 2023, según la DEA.
Ambos cárteles operan como empresas criminales globales. Compran insumos a China para fabricar drogas sintéticas, controlan laboratorios clandestinos en México y utilizan sus redes de distribución para traficar las drogas hacia Estados Unidos, de acuerdo con la DEA.
El tráfico de fentanilo complementó o reemplazado las actividades tradicionales de los cárteles, como el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y el cultivo de amapola para heroína en Guerrero.
Los cárteles saben aprovechar la corrupción de funcionarios de seguridad. Un ejemplo es el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable en un tribunal de Nueva York por complicidad con el cártel de Sinaloa.
La fragmentación de los cárteles, desde que el expresidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006, agravó la violencia en el país.
¿Qué propondrá Sheinbaum?
Entre los ejes de la “estrategia de seguridad de 100 días” de Sheinbaum se encuentran el enfoque en las 10 ciudades más peligrosas del país y el estado de Chiapas, además de atacar la extorsión a los productores de limón en Michoacán, según informes de medios.
La presidenta adelantó el lunes que se fortalecerá la coordinación con los estados en cuanto a colaboración, inteligencia e investigación.
Sin embargo, el experto en seguridad Carlos A. Pérez Ricart advirtió que un mayor despliegue de policías o militares no será suficiente si no se aborda la inacción de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, tanto a nivel local como federal. “Estamos ante un problema de seguridad, pero sobre todo de justicia”, afirmó.