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Miami, Estados Unidos. El polémico centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, símbolo de la campaña de deportaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, cerró sus puertas tras menos de un año de funcionamiento, anunció el jueves el gobernador de Florida.
Ron DeSantis, en una visita las remotas instalaciones en los humedales de los Everglades junto con Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, y otros funcionarios, declaró que el centro ya no albergaba detenidos y que había cumplido la función de emergencia para la cual fue construido.
El centro, también conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, generó críticas entre abogados, familiares, grupos de defensa de derechos civiles y derechos humanos, quienes denunciaron pésimas condiciones de detención y que a algunos de los detenidos no se les respetaron las garantías procesales.
“Alligator Alcatraz cumplió la función para la que fue diseñado”, afirmó DeSantis, ya que había permitido expulsar de Estados Unidos a “muchísimas personas peligrosas”.
Construido por las autoridades de Florida en una pista de aterrizaje prácticamente en desuso en medio de los humedales, el centro comenzó a funcionar en julio de 2025 para ayudar a la Administración Trump a cumplir con su plan de expulsiones masivas de migrantes.
Durante una visita al centro, Trump bromeó diciendo que los caimanes que habitan en los pantanos cercanos harían las veces de guardias de seguridad.
Su ubicación geográfica y una referencia a la clausurada prisión de Alcatraz, situada en una isla de la bahía de San Francisco, le valieron su apodo.
Las autoridades indicaron que los últimos detenidos habían sido trasladados a otros centros o fueron deportados.
Según medios estadounidenses, las autoridades ordenaron a los contratistas encargados de gestionar las instalaciones iniciar el el desmantelamiento total de este centro, considerado por Trump y DeSantis como un modelo para otros estados.
Los defensores del medio ambiente y la tribu local Miccosukee se opusieron al proyecto, alegando que las obras dañaban el frágil ecosistema de los Everglades y amenazaba la supervivencia de especies protegidas.
El coste del centro se convirtió en otro punto conflictivo, ya que se estima que superó los $1.000 millones.
