Tokio. Cientos de personas en distintas regiones de Japón presentaron este jueves una demanda colectiva contra el gobierno japonés para reclamar compensaciones por lo que califican como inacción frente al cambio climático, una medida que los abogados describen como histórica.
El abogado Akihiro Shima, quien lidera la acción legal, informó que la demanda y las pruebas fueron presentadas ante los tribunales y que el recurso fue admitido a trámite.
Los demandantes sostienen que la respuesta del Estado al calentamiento global es “gravemente insuficiente” y vulnera derechos constitucionales, al poner en riesgo la salud y la vida de los firmantes.
La acción reúne a cerca de 450 personas, entre ellas trabajadores de sectores expuestos al calor extremo.
Uno de los demandantes, el constructor Kiichi Akiyama, afirmó que las olas de calor han provocado pérdidas económicas significativas, al ralentizar las labores en obras de construcción y aumentar los riesgos para los trabajadores.
Japón registró este año el verano más caluroso desde 1898, y los demandantes alegan que las temperaturas extremas han causado daños a las cosechas, golpes de calor y afectaciones a la salud pública.
Demanda sin precedentes por compensación
Aunque ya se han presentado al menos cinco demandas climáticas en Japón —incluidas acciones contra plantas de energía a carbón—, esta es la primera que busca compensaciones económicas directamente del Estado por los efectos del cambio climático, según expertos.
El resumen de la demanda señala que las políticas gubernamentales actuales son insuficientes para garantizar un “clima estable” y una vida digna, y que el incumplimiento de metas más ambiciosas vulnera derechos fundamentales.
Los demandantes solicitan una compensación simbólica de 1.000 yenes (unos $6,5) por persona, con el objetivo principal de establecer la responsabilidad del Estado, más que obtener un beneficio económico.
El portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, evitó comentar el caso, pero aseguró que el país ha adoptado objetivos “ambiciosos” de reducción de emisiones, alineados con el Acuerdo de París.
Sin embargo, los demandantes sostienen que las metas oficiales —reducir las emisiones en 60% para 2035 y 73% para 2040, en comparación con 2013— no son vinculantes y están por debajo de lo recomendado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).
Acciones similares avanzan en otros países. En Corea del Sur, una corte falló en 2024 que varias metas climáticas eran inconstitucionales, mientras que en Alemania se dictó una resolución similar en 2021.
Aunque expertos reconocen que las posibilidades de éxito legal son limitadas, consideran que el caso podría tener impacto al sensibilizar a la opinión pública sobre los efectos del cambio climático y la responsabilidad estatal.