Tegucigalpa. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó el viernes su preocupación por la “militarización de la seguridad pública” en Honduras, dos días después de la prolongación del estado de excepción que rige en el país para combatir la delincuencia.
En una rueda de prensa en Ginebra, Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, declaró: “Reconocemos la urgencia de abordar los actuales niveles de violencia en el país, tanto dentro como fuera de las cárceles. Sin embargo, nos preocupa enormemente que algunas de las medidas adoptadas puedan dar lugar a violaciones de los derechos humanos”.
El estado de excepción fue decretado originalmente el 6 de diciembre de 2022 “debido a la grave perturbación de la paz (...), causada principalmente por grupos criminales organizados”, como las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
Según el comunicado del Alto Comisionado, esta medida “permite que la policía militar apoye a la policía nacional en la ejecución de tareas de seguridad pública”, pero “suspende el derecho a la libertad individual, la libertad de asociación, de reunión y de movimiento”.
El gobierno hondureño extendió el estado de excepción por otros 45 días el 5 de julio. Según la ONU, el 21 de junio, las autoridades anunciaron que el control del sistema penitenciario había sido transferido a la policía militar.

Esta decisión se tomó después de una disputa entre bandas rivales en una cárcel de mujeres en las afueras de la capital, Tegucigalpa, que resultó en la muerte de 46 reclusas, según Hurtado.
“Desde entonces, se han llevado a cabo operaciones de la policía militar en todas las cárceles de Honduras”, señaló Hurtado. Según informes iniciales de la ONU y ONG, “los detenidos, especialmente aquellos asociados a pandillas, han sido golpeados y pateados por la policía militar”.
Otros detenidos sufren privación de sueño y reducción de alimentos y bebidas, lo cual, según la portavoz, podría considerarse como “malos tratos”.
La ONU sostiene que “el sistema penitenciario debe estar bajo control civil”, como parte de una estrategia para abordar las causas fundamentales de la violencia.
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Hurtado reiteró: “Instamos a las autoridades a garantizar la supervisión interna y externa de las operaciones militares en las cárceles (...) para prevenir la violación de los derechos humanos”.
