OEA denuncia intentos de ‘impedir una transición pacífica’ en Guatemala

Cuando faltan dos meses para la investidura de Arévalo, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA, aprobó una resolución sobre la crisis en el país con 20 votos a favor, uno en contra, precisamente de Guatemala, y ocho abstenciones, incluidas las de Panamá, Honduras y El Salvador. Jamaica, Guyana y Barbados estaban ausentes.

Iba a ser adoptada inicialmente por consenso pero el gobierno del presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei, quedó descontento con el texto final pese a los cambios introducidos durante los últimos días.

La OEA critica una vez más a la fiscalía y a algunos jueces por su cruzada contra el partido Semilla de Arévalo.

Respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea, varios gobiernos y organismos internacionales, Arévalo considera que la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana intentan impedir que asuma el cargo por el temor de las élites a su promesa de combatir la corrupción.

La OEA denuncia "los intentos por parte del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder" y expresa "su grave preocupación" por "las continuas acciones postelectorales, disputas partidistas, la excesiva judicialización del proceso electoral".

Por eso hace un llamado a todas las instituciones del Estado, como los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, y a la fiscalía a que "detengan o eviten, según corresponda, todo acto de intimidación contra funcionarios electorales, el partido Movimiento Semilla y quienes han sido electos, y a respetar la integridad del material electoral".

Optimismo y “temores”

Insta además "a todas las partes implicadas a participar de forma activa, expedita y sincera en los procesos de diálogo y mediación" liderados por la OEA.

El secretario general de la organización, Luis Almagro, asegura que por el momento "las reuniones de transición se desarrollan en un clima de confianza".

La misión "pudo ratificar la voluntad de que el poder se entregará" el 14 de enero de 2024 a Arévalo, un socialdemócrata de 65 años, afirmó.

Pero la transición "necesita esfuerzos" para hacer frente a "innumerables problemas institucionales" como "la falta de confianza" de la población respecto a las acciones de la fiscalía, advirtió Almagro.

Este último no nombra directamente al gobierno saliente pero sostiene que "es muy difícil comprender que el proceso sufra permanentemente retrocesos y caídas si no existiera la voluntad política para que ello ocurra".

El ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Mario Búcaro, defendió la acción gubernamental y arremetió contra un proyecto de resolución que "no es justo, ni objetivo ni tampoco balanceado".

Le sorprende sobre todo el título: "Acontecimientos recientes que afectan el Estado de derecho y la transición presidencial democrática en Guatemala", que cree que no se corresponde con la situación que vive el país.

De cara al futuro, el excanciller uruguayo Luis Rosadilla, miembro de la misión mediadora de la OEA, se mostró "optimista" aunque con "muchos temores".

“Es una oportunidad que hay que aprovechar” desde dentro, dijo, porque “las soluciones para Guatemala no van a llegar exportadas, van a nacer de lo que los propios guatemaltecos puedan discutir y acordar entre ellos”.