Centroamérica

Nayib Bukele compró autos blindados sin licitar y bajo argumento de ‘urgencia’

Vehículos militares fueron presentados el 29 de marzo del 2022, dos días después que la Asamblea aprobara el régimen de excepción

San Salvador. El Gobierno de Nayib Bukele pagó más de $2.5 millones (¢1.667 millones, aproximadamente) para adquirir 10 vehículos militares blindados que el ministerio de Defensa puede ocupar en tareas de seguridad pública. Lo hizo mediante un proceso de contratación directa, amparado en una calificación de urgencia que, empero, no evitó que transcurriera casi un año entre el lanzamiento de la oferta y el uso del equipo.

Los vehículos militares fueron presentados el 29 de marzo del 2022, dos días después que la Asamblea aprobara el régimen de excepción. A través de un video en sus redes sociales, Bukele anunció “los primeros vehículos de patrullaje rural de la Fuerza Armada, adquiridos como parte de la Fase 3 del Plan Control Territorial. Entrarán en funcionamiento hoy mismo”. En el comunicado de Casa Presidencial (Capres) se definió a estos como vehículos tipo “YAGU de última generación equipados con drones tácticos, cámara infrarroja y térmica”.

Dichos vehículos militares fueron comprados a la empresa IBN Military Industries. El contrato de la compra se firmó el 10 de octubre del 2021 y los vehículos llegaron al país el 10 de diciembre del 2021.

Para llegar a materializarse la compra, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, emitió una resolución para declarar que la compra de los vehículos era urgente, por lo que era necesario utilizar la modalidad de contratación directa contemplada en la Ley de Adquisiciones y Compras de las Administración Pública.

La Prensa Gráfica tiene copias tanto del contrato, firmado por Merino Monroy y por Jesse Sanz Blanco, representante legal de IBN Military Industries, como de la declaración de urgencia y del acta de recepción de los vehículos.

El contrato establece la compra de dos vehículos por $311.474.88 (¢207 millones) cada uno; otros cinco que costaron $251.600.00 (¢167 millones) cada uno; y los restantes tres tuvieron un valor cada uno de $236.800.00 (¢157 millones).

Todos son “vehículos militares blindados multipropósito todo terreno, con tecnología ultra ligera y de alta resistencia balística”. Pero los más caros (los de $311.474.88) lo son porque cuentan con drones y mástiles con cámara. Luego, los de $251.600.00 no cuentan con drones sino únicamente con mástiles con cámara. Y finalmente, los de $236.800.00 no cuentan con ninguna de esas dos especificaciones.

La Prensa Gráfica solicitó al departamento de Comunicaciones del ministerio de la Defensa una entrevista para ahondar en las razones de la calificación de urgencia de la compra de los vehículos, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

El ministerio adquirió los vehículos al aplicar los artículos 71, 72 literal “e” y 73 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), que establecen el proceso para compras por vía contratación directa.

Este método es aquel en que “una institución contrata directamente con una persona natural o jurídica sin seguir el procedimiento establecido en esta ley, pero manteniendo los criterios de competencia y tomando en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas”.

La Lacap ordena que cuando se hagan contrataciones directas debe existir una resolución razonada emitida por el titular de la institución en cuestión; en este caso, el ministro Merino Monroy.

El artículo 72 de la Lacap indica que hay siete situaciones en las que se puede aprobar contrataciones directas. Una de estas, el literal “e”, explica que pueden contratarse directamente “si se tratare de la adquisición de equipo o material de guerra, previamente calificado por el Ministro de la Defensa Nacional y aprobado por el Presidente de la República”.

El artículo 73 indica que la calificación de urgencia debe ser de conocimiento del Consejo de Ministros. Esta es parte de la misma resolución razonada firmada por Merino Monroy. En dicha resolución, emitida el 25 de mayo del 2021, puede trazarse la cronología de la compra. Esta nació en abril del 2021 y llevó un proceso exprés hasta ordenarse en mayo, firmarse en octubre y cerrarse en diciembre.

En ella, Merino expone que el 10 de abril del 2021, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada emitió el oficio número 228 JEFATURA/UCP, en el cual solicitaba que se gestionara la “Adquisición de vehículos militares blindados multipropósito todo terreno, con tecnología ultraligera y de alta resistencia balística”, como parte de la protección de la fuerza armada.

Luego, Merino detalla que, el 19 de mayo, el director financiero institucional del ministerio emitió el memorándum 1396/PRE para informar que existía asignación presupuestaria para realizar la compra directa. Un día después, el mismo funcionario agregó otro memorándum, el 2311/DACI/AC/DAC, en el cual recomienda que la compra de los vehículos se haga por vía directa debido a una calificación de urgencia, atendiendo los artículos 71, 72 literal “e”, y 73 de la Lacap.

El ministro menciona que la adquisición de vehículos blindados es una necesidad básica e indispensable para continuar con el apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC) y que el equipar a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) garantiza la defensa de los Derechos Humanos ya que “el uso reactivo y preventivo de la fuerza letal (...) disminuye y/o reduce el uso de la misma y por tanto garantiza el irrestricto respeto de los Derechos Humanos”.

Luego, Merino indica que “recientemente (...), los miembros del Comando Sumpul fueron atacados desde vehículos blindados, estando en peligro sus vidas por falta de vehículos con protección adecuada”. Este ataque fue el del 15 de mayo del 2021, cuando elementos de la FAES fueron atacados por contrabandistas de cigarrillo en el cantón La Cañada, en Metapán, Santa Ana, según expuso Merino en un tuit.

Eso sí, la resolución establece que “la postergación o diferimiento de la adquisición del suministro antes citado, impone un grave riesgo al interés general; es decir, al no realizarse de forma urgente la ‘adquisición de vehículos (...)’, para los miembros de la institución, se pone en peligro la vida e integridad personal de la tropa”.

La resolución tiene la firma y sello del ministro de Defensa. Era 25 de mayo. El siguiente paso era enviar el escrito para su aprobación a Consejo de Ministros.

Pese a lo anterior, Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (ALAC), consideró que la contratación directa no está del todo justificada. “La resolución no ha quedado debidamente sustentado el porqué aplica esta compra directa a criterio del titular del ministerio de Defensa”, aseguró.

Sandoval se refirió a jurisprudencia dictada por la Sala de lo Constitucional. “Deben establecer circunstancias que sean calificadas y objetivas que sustenten esta contratación y cómo se ve comprometido el interés público al no realizarla”, indicó y añadió el tema de la transparencia en la contratación, en el sentido del dar a conocer la existencia de la oferta y el seguimiento público al proceso.

El anuncio con la oferta de compra de los vehículos blindados fue publicado en Comprasal el 28 de mayo, tres días después que Merino firmara la resolución. Esto significaría que el Consejo de ministros debió recibir y aprobar esta entre el 26 y el 27 de mayo.

Este medio solicitó vía acceso a la información las actas del consejo correspondientes a dicho mes; sin embargo, Capres respondió por medio de su oficial de información que las actas de consejo de ministros son reservadas.

Dicha reserva fue declarada por el Gobierno de Bukele el 11 de junio del 2019, pese a que el artículo 12 literal “d” de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que estas actas son información oficiosa y, por tanto, deben ser públicas.

En el seguimiento al proceso en Comprasal, la recepción de ofertas quedó programada para el 2 de junio. El sitio no ofrece más actualizaciones. “Podríamos decir que la implementación de la contratación directa tiene cierto vicio”, agregó Sandoval. “Además de la resolución razonada de la decisión, la misma debe sujetarse a principios de transparencia y eficiencia”, insistió.

El contrato se firmó el 11 de octubre, a las 10:30 a. m. Casi cinco meses después que el ministerio emitiera una resolución en la que justificara hacer la compra con carácter de urgente. ¿Porqué demoró tanto? Este medio conversó con una fuente del ministerio de Defensa que tuvo conocimiento de la compra, quien bajo anonimato explicó que este no contaba con los fondos para realizar la compra en el momento que emitió la resolución.

Esto, empero, contradice lo declarado por el director del Departamento de Adquisiciones Contrataciones Institucionales (DACI) al asegurar que había asignación presupuestaria para los vehículos. Esa declaratoria, la del 19 de mayo, fue emitida ocho días después que la actual Asamblea aprobara un préstamo de $109 millones (¢72.6 millones) para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial, que tenía un componente destinado a equipamiento militar. Con fondos recién aprobados, sin embargo, el ministerio no compró los vehículos sino hasta cinco meses después.

El día que se firmó el contrato se giraron dos órdenes de pedido (una de cuatro vehículos y la otra de los restantes seis), en las que se detallaba dónde debían ser entregados los vehículos blindados: el regimiento de caballería, kilómetro 30, carretera a Santa Ana, cantón Sitio del Niño, en el departamento de La Libertad.

La entrega de los vehículos se realizó a las 12:30 del mediodía del 10 de diciembre, de acuerdo al acta de recepción. En esta solo se consigna la entrega de la primera orden de pedido: la de cuatro vehículos blindados. Dado que ambas órdenes se emitieron el mismo día, el último día hábil para entregar todos los vehículos era, precisamente, ese 10 de diciembre.

El acta de entrega tiene las firmas de Sainz, representante de IBN Military Industries, y la del administrador del contrato por parte del ministerio de Defensa, cuyo nombre está censurado en la copia.

La Prensa Gráfica intentó contactar con la empresa radicada en Estados Unidos para aclarar detalles sobre su relación contractual con el GOES y cómo se estableció. La solicitud de un contacto para resolver las dudas no recibió respuesta.

La Prensa Gráfica tiene copia de la resolución en que se justificó la “urgencia” para comprar los vehículos, el contrato de compra de los mismos, y el acta de recepción de estos.

25 de mayo 2021

Se emite la resolución para declarar que la compra de vehículos se haga vía contratación directa y con carácter de urgencia.

11 de octubre 2021

Se firma el contrato con IBN Military Industries para adquirir diez vehículos militares blindados, por $2.5 millones (¢1.667 millones). Ese mismo día se emiten las órdenes de pedido, para que los vehículos sean entregados, a más tardar, 45 días hábiles después.

10 de diciembre 2021

Se entregan los vehículos blindados. El acta de recepción da constancia de la entrega de cuatro de estos. La entrega de los otros seis tenía ese mismo 10 de diciembre como fecha límite para su entrega.

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