Este miércoles, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobierno dictatorial de Daniel Ortega, anuló la ley que creó la Cruz Roja como organización y, en su lugar, el Estado se hizo cargo del órgano de emergencias.
Según La Prensa de Nicaragua, esta medida se tomó como represalia contra “las filiales que se negaron a participar en la represión contra las protestas civiles en 2018″.
En el decreto de ley publicado por el medio de comunicación dice que “la Asociación Cruz Rojanicaragüense se rige los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad, neutralidad.
En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación, actuaron en contra de estos principios y de su acta constitutiva y estatutos y la asociación misma transgredió las leyes del país al desatenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”, se lee en el decreto de ley”, cita.
La norma aprobada por la Asamblea ordena la creación de una nueva Cruz Roja Nicaragüense, que será un “ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida”, adscrito al Ministerio de Salud.
Más de 2.000 organizaciones privadas fueron proscritas en Nicaragua por cargos de violar las leyes, incluidas organizaciones gremiales de empresarios y universidades católicas.

Unos diputados (todos son oficialistas) acusaron a la Cruz Roja de transgredir las leyes sobre organismos sin fines de lucro y el principio de neutralidad de la organización humanitaria, fundada en Ginebra en 1863 para proteger a las víctimas de conflictos armados.
Las protestas de 2018 se extendieron por al menos tres meses en distintas zonas de Nicaragua, con bloqueos de carreteras, así como choques entre manifestantes opositores y oficialistas que dejaron más de 300 muertos, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El gobierno de Ortega consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, mientras organismos internacionales acusaron al ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición.

