San Andrés. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este jueves que está abierto al diálogo con su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, sobre los derechos de las comunidades étnicas que pescan en aguas del Caribe nicaragüense, en medio de un litigio que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El mandatario abogó por los pescadores afrocaribeños que viven en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero que se encuentran rodeados por territorio nicaragüense tras un fallo de la CIJ en 2012.
“Solicitaremos el diálogo con Nicaragua para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe”, dijo Petro.
“Hablaremos con Ortega y su gobierno sobre cómo (...) podemos asegurar que los pueblos del Caribe puedan ejercer su derecho a la pesca sin ser molestados, y que tengan derecho a su subsistencia ancestral”, añadió desde la isla de San Andrés.

El miércoles, durante los actos de celebración por los 44 años del triunfo de la revolución sandinista, Ortega exhortó a Petro a buscar “la forma de plasmar un acuerdo” sobre este asunto.
En 2001, Nicaragua reclamó su soberanía sobre el archipiélago, pero la CIJ ratificó en 2012 que pertenecía a Colombia.
Sin embargo, la máxima corte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en La Haya, resolvió entregarle a Nicaragua unos 75.000 km² de mar, por lo que los raizales quedaron rodeados de aguas extranjeras.
Según denuncias de Colombia, los pescadores son hostigados por las autoridades del país centroamericano, mientras que el gobierno de Ortega alega que las Fuerzas Armadas colombianas violan los límites marítimos.
Para resolver este pleito, en 2022 la CIJ invitó a ambos Estados a llegar a un acuerdo.
En su tercera y última demanda contra Colombia, Nicaragua intentó ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, lo que hubiese significado una superposición con la zona económica exclusiva de siete islas colombianas.
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El 13 de julio, la CIJ desestimó esas pretensiones. Petro, en el poder desde agosto de 2022, celebró esa decisión como una victoria de su gobierno.
