EscucharCiudad de Guatemala. Las autoridades electorales de Guatemala solicitaron este viernes que se respeten los resultados de las elecciones presidenciales de junio, luego de finalizar un recuento ordenado por la justicia en respuesta a las demandas de fuerzas de derecha, el cual confirmó los escrutinios.
“Se reitera el llamado a los representantes de las organizaciones políticas, afiliados y simpatizantes, a aceptar con madurez los resultados electorales”, expresó el vocero del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gerardo Ramírez, en una declaración a los periodistas.
La revisión de los resultados concluyó la noche del jueves, después de tres días de recuento. Este proceso fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima entidad judicial del país, que aceptó de forma provisional el amparo presentado por nueve partidos de derecha que rechazaron los resultados de los comicios anunciados por el TSE.
Ramírez afirmó que el recuento “ratifica los resultados preliminares” de las elecciones proporcionados por el TSE, en los cuales Sandra Torres resultó en primer lugar entre los 22 candidatos con un 15,86% de los votos, seguida sorpresivamente por Bernardo Arévalo, quien obtuvo un 11,77%.
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Torres es la exesposa del fallecido expresidente Álvaro Colom (2008-2012), mientras que Arévalo es hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951). Ambos pertenecen al ámbito socialdemócrata.
Ambos candidatos disputarán la presidencia en una segunda vuelta programada para el 20 de agosto.
El funcionario señaló que ahora las autoridades electorales recibirán los resultados del recuento ordenado por la CC y procederán “a su correspondiente integración y oficialización” en una fecha por determinar.
Entre los partidos que impugnaron los resultados se encuentran el oficialista Vamos, con Manuel Conde (quien quedó en tercer lugar en la contienda con un 7,84% de los votos), y Valor, con Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien obtuvo el sexto lugar con un 6,57% de los votos.
La decisión del Tribunal Constitucional fue criticada por Estados Unidos, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), Brasil y diversas organizaciones académicas locales, la Iglesia Católica y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
