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Santa Tecla, El Salvador. No tienen derecho a llamarlos ni a visitarlos, no tienen pruebas de que están vivos, ni siquiera una lista de nombres. Los abogados y activistas que defienden a los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados sin juicio en una gigantesca prisión de El Salvador chocan con un muro legal.
Emprendieron esta batalla de David frente a Goliat apenas vieron en marzo las imágenes de esos hombres rapados y encadenados, de rodillas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el presidente Nayib Bukele para pandilleros.
El presidente estadounidense Donald Trump y su aliado Bukele, que gobierna El Salvador con poder casi absoluto, mantienen en reserva toda información de estos venezolanos, a quienes acusan de integrar la banda criminal Tren de Aragua sin mostrar pruebas. Incluida su identidad.
A 10 km de San Salvador, en Santa Tecla, en un antiguo colegio que alberga a la oenegé Cristosal, el abogado René Valiente cuenta que ha golpeado las puertas de la dirección de centros penales, presidencia, ministerios y cortes de justicia.
“Hemos pedido información y ha sido denegada en repetidas ocasiones. De unos 70 habeas corpus presentados, ninguno se ha resuelto”, dice Valiente, jefe de investigaciones de este grupo de derechos humanos, que asiste psicológica y legalmente a familias de los deportados a distancia.
En su computador portátil muestra la plataforma en línea que creó Cristosal para recibir datos de familiares de deportados que vieron sus nombres en una lista extraoficial publicada por la prensa estadounidense o que los reconocieron en videos oficiales de su traslado del aeropuerto al Cecot.
Junto a Valiente, la abogada Ruth López, jefa anticorrupción de Cristosal, trabajaba para orientar legalmente a esas familias cuando fue detenida el 18 de mayo, acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía.
Días antes, López, fuerte crítica de la política de seguridad de Bukele y quien investigaba casos de presunta corrupción gubernamental, contó a la AFP cómo ayudaba a los familiares a documentar lo que llamó “desapariciones forzadas”.
“Silencio total”
Su detención encendió las alarmas entre abogados críticos, activistas y oenegés, a quienes Bukele señala de militancia de izquierda y manipulación.
“Hablar, pedir algo que no esté alineado con el gobierno, implica arriesgarse a ser capturado”, afirma Noah Bullock, director de Cristosal.
En una mesa de una cafetería alejada de oídos extraños, Salvador Ríos, abogado de un bufete contratado por el gobierno venezolano, muestra documentos y enumera los artículos de tratados internacionales y de la Constitución en los que basa la defensa de los deportados.
“Hemos pedido el acuerdo que hizo el señor Bukele con Trump, la lista de presos, saber de qué los acusan y entrar al Cecot. Tenemos derecho como defensores. Son detenciones ilegales y guardan silencio total. Nos han cerrado las puertas”, lamenta.
De lo mismo se queja Walter Márquez, presidente de la oenegé venezolana Fundación Amparo, quien acompañó en silla de ruedas a parientes de los deportados que viajaron en junio a El Salvador, y que no están representados por el bufete de Ríos por ser críticos del presidente Nicolás Maduro.
Reina Cárdenas, uno de esos familiares, relató que para comprar los boletos de avión hicieron rifas, vendieron comida y recibieron donaciones. Pero volvieron a Venezuela sin verlos, y sin siquiera tener una “prueba de vida”.
El vicepresidente Félix Ulloa afirma que su país presta un servicio de “alojamiento carcelario” por el cual Washington paga a El Salvador seis millones de dólares anuales. Pero no se sabe más.
La AFP pidió entrevistas con autoridades salvadoreñas, sin respuesta hasta ahora.
Voz “incómoda”
Cuando fue arrestada, Ruth López dijo a la policía que la detenían porque pertenece a una “organización incómoda”.
Cristosal denuncia constantemente que el régimen de excepción, piedra angular de la guerra antipandillas de Bukele, viola los derechos humanos.
El estado de excepción, vigente desde 2022, suprime algunas libertades. Unas 87.000 personas fueron detenidas desde entonces sin orden judicial ni derecho a llamadas o visitas, ni siquiera de abogados. Así están también los venezolanos.
“Están en un hoyo negro jurídico, en el limbo”, asegura René Valiente en las oficinas de Cristosal, fotografiadas hace un par de meses por policías que llegaron poco antes de una rueda de prensa sobre los venezolanos.
Los datos recopilados por Cristosal, dice, cuentan “una historia completamente diferente” al perfil criminal de los venezolanos del que hablan Bukele y Trump. Identificaron a 152 deportados hasta ahora, un 90% sin antecedentes penales, según sus familiares.
“Buscamos documentar la grave violación de derechos humanos, dejar un registro. Estamos agotando las vías nacionales”, un paso indispensable para acudir a instancias internacionales, destaca.
Walter Márquez recuerda que la “desaparición forzada” es “un crimen de lesa humanidad que da pie a un enjuiciamiento internacional”. Pero esperó a salir de El Salvador para hablar de la Corte Penal Internacional (CPI).
La prudencia es clave en la labor de los abogados y activistas humanitarios. No hay ningún letrero que indique que detrás de unos portones negros está Cristosal.
Pero no basta con ser discreto. También se requiere constancia: “La verdad de las víctimas tarde o temprano se impone”, dice el director de Cristosal.
