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En un discurso del 2007, la activista ambiental Berta Cáceres concluía diciendo que si bien la lucha no era fácil, “nos comprometemos con la disposición de seguir construyendo, recreando, fortaleciendo, pariendo”. Por años hizo lo mismo, afrontando críticas de todo tipo. El 2 de marzo de 2016, tras años de amenazas, fue asesinada para que se detuviera su resistencia.
Desde entonces, la hondureña se ha convertido en símbolo no solo por su legado y su triste fin, sino por la impunidad que siguió a su atentado. Es triste que representa a docenas de personas más. En el 2024, al menos 146 defensores de tierras y del medio ambiente fueron asesinados o desaparecieron en el mundo, según un informe de la organización Global Witness. Cuatro quintas partes de esos crímenes ocurrieron en América Latina.
A una década del crimen, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) presentó el 12 de enero su informe final. Allí, las revelaciones estremecen por la amplitud y complejidad del esquema delictivo que habría llevado al delito.
Según el informe del grupo independiente designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el asesinato de la activista fue una operación criminal organizada y financiada con recursos desviados de un proyecto hidroeléctrico respaldado por dos bancos internacionales de desarrollo.
Según la plataforma especializada InSight Crime, cuatro hallazgos destacan en el reporte:
- Según el documento, una red criminal desvió el 67% de más de $18,5 millones aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco neerlandés FMO al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, para financiar vigilancia ilegal, operaciones armadas y el propio asesinato de Cáceres.
- Las investigaciones vinculan el crimen a una estructura integrada por élites empresariales hondureñas, exmilitares y un funcionario de inteligencia del Ejército, con coordinación desde la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), responsable del proyecto hidroeléctrico.
- El análisis documenta que fondos autorizados por los bancos fueron canalizados a través de una empresa fantasma controlada por altos ejecutivos de DESA, desde donde se realizaron transferencias a cuentas offshore y retiros en efectivo que terminaron pagando a los sicarios.
- Ocho personas han sido condenadas, incluido el exdirector ejecutivo de DESA, pero el informe y organizaciones de derechos humanos cuestionan que la investigación estatal no haya alcanzado a todos los presuntos autores intelectuales; uno de los señalados, Daniel Atala, permanece prófugo.
Ni el FMO ni el equipo legal de la familia Atala Zablah respondieron a las solicitudes de comentarios de InSight Crime. El BCIE les reiteró su “compromiso ético” y recalcó: “Hemos fortalecido todas nuestras políticas y acciones antifraude y anticorrupción en todos los ámbitos posibles”. Los Atala Zablah niegan cualquier participación en el crimen, según el sitio.
Como en otros casos, es posible que nunca se haga justicia por completo en el caso de Cáceres. De todos modos, una vida no puede repararse ni con el más expedito proceso jurídico. El problema que continúen impunes muchos crímenes más, como recuerda el reciente informe de la CIDH Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas (2025), “la investigación de violaciones cometidas contra estos grupos, cuando se lleva a cabo en forma diligente, constituye una importante medida de prevención y de no repetición”.
