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Bogotá, Colombia. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue sentenciado este viernes a una pena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, tras una histórica decisión de la justicia que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de libertad.
El exgobernante derechista de 73 años también será inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años, según un documento del veredicto filtrado por la prensa, y cuya autenticidad confirmó a la AFP una fuente próxima a la contraparte bajo condición de anonimato.
Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.
La decisión es la punta del iceberg de otras investigaciones que relacionan al exmandatario con esos escuadrones de ultraderecha, responsables numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.
Horas antes de conocer su pena, el líder de la derecha colombiana aseguró en la red X que se refugia en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”.
La defensa de Uribe anunció que apelará la decisión en un fallo que consideran politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.
Demanda contra Petro
En orillas políticas opuestas, Uribe y el presidente Gustavo Petro chocan con frecuencia sobre este caso.
Los abogados del exgobernante interpusieron una denuncia contra Petro por “hostigamiento y calumnia” ante una comisión de la Cámara baja con facultades para investigar a los mandatarios, según indicaron este viernes en un comunicado.
Los juristas aseguran que durante la semana Petro profirió acusaciones infundadas contra Uribe, atribuyéndole crímenes como narcotráfico.
Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.
“Y hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material”, escribió el expresidente.
Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.
En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.
Dos años después Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.
En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.
Carrera presidencial
Esta condena marca la carrera para las elecciones presidenciales de 2026, en las que el partido derechista Centro Democrático busca recuperar el poder.
Para Yann Basset, profesor de ciencia política en la Universidad del Rosario, la condena tiene un “efecto” en la elección de su candidato.
“Hace que haya una especie de reflejo legitimista de defender el legado de Uribe” para “la parte de la derecha más radical y profundamente más uribista”, dice a la AFP.
Sin embargo, para Basset esto puede ser una “trampa”, pues sería “cerrar un discurso focalizado hacia el pasado” y no hacia “lo que más preocupa al electorado en este momento”.
Para la izquierda, es la oportunidad de “visibilizar un poco más a Iván Cepeda” ante la falta de un sucesor claro para Petro.
El senador de 62 años dijo en la semana al canal de YouTube del periodista Daniel Coronell que siempre fue “reacio” a ser candidato presidencial, pero los últimos hechos lo “obligan a pensarlo”.
Uribe ha asegurado que su juicio fue una “venganza” de la izquierda y de las FARC, la guerrilla a la que combatió con mano dura antes de su desmovilización en 2017.
