La regulación de la marihuana para uso recreativo en Costa Rica es uno de los temas que más se repite durante los periodos electorales. Para las elecciones del 2022, los candidatos debatieron sobre su posible legalización en diversos intercambios a lo largo de la campaña.
Cuatro años después, en un nuevo proceso electoral, tres aspirantes presidenciales vuelven a colocar el tema sobre la mesa en sus planes de gobierno. Se trata de los candidatos Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PDLCT).
Pero más allá de los intereses políticos y los guiños al electorado, surge la pregunta central: ¿Es realmente posible legalizar la marihuana para uso recreativo en el país o, en la práctica, son propuestas vacías de los candidatos?
Así lo plantean los candidatos
Ariel Robles propone en su plan de gobierno impulsar la regulación del cultivo doméstico y el uso adulto del cannabis con el fin de proteger la salud pública y los derechos humanos. El candidato crearía el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCC), adscrito al Ministerio de Salud, que se encargaría de supervisar su importación, exportación, plantación, cultivo, comercialización y distribución.
Juan Carlos Hidalgo plantea actualizar el marco legal del cannabis medicinal para incluir el uso recreativo. Su plan de gobierno sostiene que “la prohibición de su comercialización solo ha tenido el efecto de generarle enormes ganancias al crimen organizado”. También, plantea establecer un impuesto especial a su legalización para financiar un Fondo de Seguridad Nacional.
David Hernández impulsa un enfoque basado en la salud pública y el apoyo a sectores agrícolas. Apoyaría medidas a favor del autocultivo de cannabis y cáñamo con fines medicinales o recreativos no comerciales. Asimismo, plantea dotar de recursos y tierras a agricultores para que puedan aprovechar los derivados del cáñamo y el cannabis en la producción de medicinas o insumos industriales.
Muchas propuestas, ¿pero cuán real es implementarlas?
En octubre 2022, Rodrigo Chaves propuso un proyecto de ley para legalizar la marihuana de uso recreativo en Costa Rica. El proyecto permitía la posesión de hasta 30 gramos de marihuana para uso personal y autorizar el cultivo de hasta seis plantas por individuo, siempre que no fuera con fines comerciales.
Ante la propuesta del Ejecutivo, un ciudadano solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) un referéndum para someter a consulta el proyecto. Tras esa gestión, el TSE pidió criterio a la Sala Constitucional sobre la viabilidad de la iniciativa.
¿Qué dijo el alto Tribunal? La Sala declaró, por mayoría, que el proyecto era inconstitucional por contraponerse a los tratados suscritos por Costa Rica para combatir el uso de drogas y al artículo 7 de la Constitución Política, que establece la primacía de los acuerdos internacionales sobre las leyes nacionales.
Es decir, en términos jurídicos actuales, no es posible legalizar la marihuana para uso recreativo en el país.
Tras ese criterio, los magistrados dejaron al país únicamente tres opciones para retomar el debate, las cuales, según Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, no son sencillas ni factibles de concretar.
Opciones para la legalización
1-Salirse de los tratados internacionales
La legalización recreativa bajo el marco actual es inviable porque los tratados internacionales la prohíben y una ley nacional no podría contradecirlos.
La única salida sería que Costa Rica renuncie a esos acuerdos o formule reservas; sin embargo, según Carvajal, esta opción es poco probable, ya que dichos tratados incluyen otros compromisos internacionales, de los cuales no se podría desvincular el país únicamente por el tema de la marihuana.
2-Hacer reservas a los tratados
La segunda opción sería que Costa Rica establezca reservas a los tratados, es decir, “excepciones” que permitan al Estado adherirse parcialmente a un tratado, excluyendo o modificando algunos de sus efectos.
No obstante, aunque en ciertos acuerdos es posible formular reservas después de su firma, estas requieren la aprobación de las demás partes, un escenario que el abogado considera poco probable.
3-Esperar un cambio de criterio en la Sala Constitucional
La tercera opción, y la que Carvajal considera más viable, es que la Sala Constitucional cambie de criterio en el futuro. Como sus resoluciones son vinculantes para todos, excepto para la propia Sala, los magistrados podrían reconsiderar su postura e interpretar de manera diferente este tipo de proyectos, sin declararlos inconstitucionales.
¿Hay países que lograron la legalización?
Carvajal explicó que existen casos excepcionales de países que han avanzado en la legalización del cannabis recreativo, pese a estar sujetos a tratados internacionales. Uno de los ejemplos más conocidos es Uruguay, que permite el uso recreativo desde 2013, aun cuando forma parte de la Convención Única de Estupefacientes de 1961.
No obstante, la decisión del país suramericano fue cuestionada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que sostuvo que Uruguay infringió los acuerdos internacionales al regular la producción, venta y consumo de marihuana.
Carvajal señaló que estas violaciones no necesariamente generan sanciones para el Estado infractor y recordó que no todos los países tienen restricciones explícitas en su Constitución, como sí ocurre en Costa Rica con el artículo 7.