Polarización y crisis en el órgano electoral
La división política ha alcanzado al propio Consejo Nacional Electoral (CNE), debido a su composición partidaria. El CNE está integrado por tres consejeros propietarios y dos suplentes, elegidos por mayoría calificada en el Congreso Nacional por un periodo de cinco años.
Para el periodo 2024-2025, los tres miembros titulares son Cossette López, del Partido Nacional; Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre); y Ana Paola Hall, presidenta del órgano y militante del Partido Liberal.
Aunque el CNE tiene autonomía y debe actuar con imparcialidad, su credibilidad se ha visto afectada por enfrentamientos internos y problemas logísticos.
Durante las elecciones primarias de marzo, el material electoral llegó con varias horas de retraso a los centros de votación de las dos ciudades más grandes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Esto obligó a extender la jornada e incluso repetir la votación.
A ello se sumó la parálisis institucional del órgano por casi un mes, provocada por el desacuerdo sobre la aprobación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El consejero Marlon Ochoa se opuso a su implementación y dejó de asistir a las sesiones plenarias.
Por su parte, Ana Paola Hall presentó una renuncia condicionada ante el Congreso, alegando presiones políticas. También denunció una supuesta “acción ilegal” de la consejera Cossette López al convocar a que el pleno funcionara únicamente con dos integrantes, ante la negativa de Ochoa de asistir.
Sin embargo, su renuncia fue rechazada y el presidente del Congreso ordenó abrir una investigación. Finalmente, en setiembre, Hall asumió la presidencia del CNE en sustitución de López.
Abstencionismo en aumento
En las elecciones primarias participaron los tres principales partidos políticos, que definieron las diferentes candidaturas a cargos de elección popular: el Partido Nacional, el Partido Liberal y el partido oficialista Nacional y Refundación (Libre).
El abstencionismo alcanzó cerca del 57%, una de las tasas más altas de los últimos años.
Según la plataforma Diálogo Político, este fenómeno refleja una debilidad democrática y el creciente malestar ciudadano hacia el sistema de partidos y sus candidatos.
Las encuestas más recientes ubican a Rixi Moncada (Libre), Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) en una contienda cerrada, con un empate técnico entre los dos primeros.
Denuncias por supuesto “golpe electoral”
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En octubre, la presidenta Xiomara Castro denunció que la oposición conspira para un “golpe electoral”, lo que elevó la tensión política.
El fiscal general Johel Zelaya, cercano al oficialismo, presentó audios en los que supuestamente se escucha a la consejera electoral Cossette López, al diputado Tomás Zambrano (ambos opositores) y a un militar no identificado, conversando sobre cómo “alterar el voto popular” para perjudicar al partido gobernante.
La presidenta calificó los hechos como una “conspiración criminal” y ordenó a las Fuerzas Armadas investigar la posible participación de militares activos. Además, vinculó el supuesto plan con “los mismos grupos” que impulsaron el golpe de Estado de 2009 contra su esposo, Manuel Zelaya.
Tanto López como Zambrano negaron las acusaciones y aseguraron que los audios son “falsos y manipulados con inteligencia artificial”. La oposición, además, acusó al gobierno de intentar manipular los resultados a favor de la candidata oficialista Rixi Moncada (Partido Libre).
El candidato Salvador Nasralla (Partido Liberal) calificó la situación como “muy grave” y acusó al Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y a la propia presidenta Castro de entorpecer el proceso electoral.
Ante la crisis, la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a todas las fuerzas políticas hondureñas a garantizar unas elecciones en paz y con tranquilidad.
