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La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) reprochó la decisión del presidente Rodrigo Chaves de vetar el proyecto de ley 24.353, que buscaba descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), porque obligará a miles de adultos mayores a elegir entre “alimentos, medicamentos o servicios básicos”.
La medida del Poder Ejecutivo impactará a más de 30.000 familias, según la organización del Magisterio Nacional.
“Jupema hace un llamado urgente a las 57 diputadas y diputados que integrarán la nueva Asamblea Legislativa a partir del 1. ° de mayo: resellen este veto y devuelvan la esperanza y la justicia a más de 30.000 familias del Magisterio Nacional. La dignidad de nuestras personas jubiladas no puede seguir congelada”, argumentó la Junta en un comunicado de prensa.
La propuesta buscaba actualizar las pensiones otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268, correspondientes al RTR del Magisterio Nacional, las cuales permanecen congeladas desde 2018 tras la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El texto señalaba que, aun cuando no existan aumentos salariales por costo de vida, las pensiones iguales o menores a ¢2 millones deberán revalorizarse automáticamente dos veces al año, con base en la variación semestral del índice de precios al consumidor (IPC). En caso de que la inflación registre valores negativos, las pensiones no se reducirán.
El veto presidencial se fundamentó en criterios de oportunidad y conveniencia, lo que, de acuerdo con Jupema, deja sin respuesta una situación que afecta el poder adquisitivo de las personas jubiladas.
Jupema señaló que el congelamiento de las pensiones redujo hasta en un 10% el ingreso real de esta población. La pérdida de poder adquisitivo se relaciona con el aumento de componentes del IPC, en especial de gastos básicos como alimentación, medicamentos y servicios.
El Régimen Transitorio de Reparto se creó en 1992 y el pago de las jubilaciones corren a cargo del Presupuesto Nacional.
“Las personas jubiladas del Magisterio Nacional aportaron de manera responsable al sistema, confiando en que el Estado cumpliría con su deber de crear el fondo correspondiente. Hoy, ese compromiso ha sido incumplido”, argumentó Jupema.
La Junta indicó que la legislación vigente establece ajustes periódicos conforme al costo de vida. Sin embargo, estos no se aplican desde hace más de cinco años. El incumplimiento legal, según la organización, contradice disposiciones nacionales y compromisos internacionales sobre protección a personas adultas mayores.
Entre esos compromisos se citan instrumentos como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El marco internacional, de acuerdo con Jupema, respalda el derecho a pensiones dignas y ajustadas a la realidad económica.
La organización también sostuvo que las resoluciones de la Sala Constitucional han señalado que el equilibrio financiero no debe afectar el contenido esencial de las prestaciones públicas. El criterio constitucional se utiliza como argumento para insistir en la necesidad de reactivar los ajustes.
