El Ministerio de Hacienda publicó un decreto ejecutivo para evitar la subfacturación y la subvaloración de vehículos importados que, según la institución, generan distorsiones en el mercado y afectan la recaudación tributaria.
En un comunicado, Hacienda señaló que esta problemática genera una evasión de impuestos estimada en ¢20.000 millones. El decreto actualiza los procedimientos utilizados en aduanas, según lo establecido en la Ley N.° 10.390, Modificación al impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves.
Según reveló La Nación, Hacienda abrió este portillo a mediados de setiembre de 2024, durante la Administración de Rodrigo Chaves, cuando derogó tres decretos que definían las diferentes clases tributarias para la importación de vehículos.
Estas normas fijaban valores mínimos para el pago de impuestos de importación, con base en la marca, el modelo y el año. En su lugar, se estableció que el valor de los vehículos se fijaría con base en la factura presentada por el importador, sin ningún condicionante adicional.
¿Qué cambia ahora?
El ajuste establece que, para calcular los impuestos por la importación de un vehículo nuevo o usado, se comparará el valor declarado en la factura comercial, incluido el flete y el seguro, con el valor hacendario de un vehículo idéntico registrado por Hacienda.
El cálculo se realizará sobre el monto que resulte mayor. Cuando un vehículo no se encuentre en la lista oficial, el importador deberá aportar información técnica que permita determinar su valor de manera objetiva.
Además, las personas físicas que no estén inscritas como contribuyentes en la actividad de venta de vehículos podrán importar únicamente un vehículo por año. Hacienda señaló que quienes quieran nacionalizar más de una unidad deberán inscribirse en esa actividad económica.
A este cambio por decreto se suma una propuesta de ley enviada por Hacienda al Congreso, que busca facultar a Tributación para que pueda ajustar, de oficio o a solicitud de parte, el valor fiscal de los vehículos en casos específicos en los que exista una diferencia significativa y verificable entre el precio reportado y el de mercado.
Para determinar los eventuales ajustes en los valores, la institución propone que la Dirección General de Tributación pueda utilizar las guías de valores oficiales publicadas por Hacienda, tomando como parámetros de comparabilidad la marca, el modelo y el año de fabricación.
“Esta situación en la declaración de valores provoca una distorsión de la base imponible del impuesto sobre la propiedad de vehículos y genera una disminución directa de la recaudación tributaria. El monto efectivamente cancelado por algunos contribuyentes resulta inferior al que corresponde conforme al valor económico real de los bienes”, expuso Hacienda.
La institución explicó que la propuesta busca la correcta determinación de la base imponible de tributos ya establecidos, como a la propiedad de vehículos, por lo que no corresponde a la creación de nuevas cargas tributarias.