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El Movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica manifestó su agradecimiento tras la aprobación, en primer debate, del proyecto de ley sobre fraudes informáticos contra clientes de entidades financieras. Asimismo, la agrupación cuestionó y negó imprecisiones acerca de los alcances de la propuesta.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.908, establece que los bancos públicos y privados deberán responder por los montos sustraídos mediante estafas electrónicas, salvo que acrediten una causa válida que los exonere de responsabilidad.
La agrupación, conformada por personas que perdieron sus ahorros a raíz de estafas informáticas, agradeció a las 15 diputaciones de la Comisión Plena III que respaldaron el proyecto de apoyo a las víctimas frente a un sistema financiero e institucional que, según señalaron, no brinda respuestas claras ni oportunas.
“Se han colocado del lado correcto de la historia, junto a las personas ciudadanas que enfrentan un verdadero calvario al intentar obtener respuestas de las entidades financieras cuando son víctimas de una estafa”, afirmó el movimiento en un comunicado de prensa.
El colectivo señaló que la oposición de distintos sectores a la iniciativa, incluido el ámbito bancario, se sustenta en argumentos “falaces” y detalló lo que considera imprecisiones divulgadas sobre el texto.
Entre ellas, negó que el proyecto garantice pagos automáticos a cualquiera que interponga una denuncia y recalcó que lo planteado es un procedimiento formal, con plazos definidos, requisitos y garantías tanto para las personas usuarias como para las entidades financieras.
El movimiento también defendió la incorporación de la responsabilidad objetiva y la inversión de la carga de la prueba, figuras que obligan a las entidades a demostrar que actuaron con la debida diligencia en la custodia de los fondos y que sus sistemas no fallaron, en lugar de que el cliente sea el obligado a acreditar que fue víctima de un fraude.
Asimismo, el movimiento respaldó que la propuesta contemple la posibilidad de sancionar penalmente los casos de “autofraude”, como mecanismo para evitar que personas se hagan pasar falsamente por víctimas con el fin de obtener un beneficio económico.
Otro de los cuestionamientos que el colectivo calificó como falso es que la iniciativa pretenda asignar más recursos a la Policía Judicial para combatir el ciberdelito, aspecto que —aclaran— nunca formó parte de los objetivos del texto.
A juicio del movimiento, incorporar este argumento en la discusión evidencia “ignorancia o mala fe” de parte de actores con fuerte poder económico e institucional, como la banca organizada.
Finalmente, el grupo solicitó a los legisladores mantener el respaldo mostrado en la primera votación y aprobar el proyecto en segundo debate, al considerar que la reforma es indispensable para proteger el patrimonio de miles de personas afectadas por estafas electrónicas en Costa Rica y para obligar a las entidades financieras a brindar respuestas de fondo, en lugar de contestaciones genéricas emitidas “cuando lo consideren conveniente”.
Fundadora del movimiento sobre posición de los bancos: ‘Me parece muy doloroso’
El proyecto de ley generó una cisma en el sistema bancario, luego de que los tres bancos públicos del país —Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Popular (BP)— acordaran retirarse este viernes de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), tras la retractación de la gremial respecto a su posición sobre la iniciativa contra estafas informáticas a clientes bancarios.
Mediante una comunicación a la que tuvo acceso La Nación, las tres entidades informaron su renuncia a la organización e indicaron que la decisión obedece a un “quiebre de confianza” provocado por las declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC en relación con el expediente.
En este contexto, Carmen Rojas Guzmán, fundadora del movimiento, expresó a este diario que, si bien la posición de los bancos no incide directamente en el trámite legislativo, la calificó de “dolorosa” y “radical”.
“Me parece muy doloroso que los bancos públicos justamente sean los que estén en esa posición tan radical en contra del proyecto de ley, dado que es en los bancos públicos donde se ha dado la mayor cantidad de estafas.
”Este proyecto va dirigido a buscar seguridad en los bancos, que las víctimas tengan un trato más equitativo, y que la ley los proteja con principios que ya son utilizados en otros países, como la responsabilidad objetiva y la inversión de la carga de la prueba, por ejemplo”, comentó.
Y ante una eventual aprobación en segundo debate en el Congreso, instó al Poder Ejecutivo a firmar la ley.
“Más que nosotros, este país necesita que el proyecto se apruebe”, puntualizó.
Disputa en sector bancario
La salida de los bancos públicos de la ABC se produjo luego de que el jueves, por la mañana, la Asociación manifestara a este diario que respaldaba la propuesta y que la consideraba un paso relevante hacia un marco normativo más equilibrado en Costa Rica. No obstante, al mediodía, la agrupación afirmó que el proyecto de ley está lejos de solucionar el crimen organizado vinculado con estos delitos.
Ese mismo día, mediante un comunicado conjunto, los tres bancos públicos argumentaron, además, que los análisis técnicos sobre la iniciativa advierten debilidades sustantivas y riesgos significativos para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y la protección efectiva de las personas usuarias.
Posteriormente, la ABC “lamentó profundamente” la decisión de renuncia formalizada por las tres entidades públicas y afirmó que las inquietudes planteadas son compartidas, por lo que consideró indispensable mantener una lucha conjunta en representación del sector.
Nota del editor: Esta información se actualizó a las 3:31 p. m. con declaraciones de Carmen Rojas Guzmán, fundadora del Movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica.
