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La Sala Constitucional concluyó que Stephan Brunner, diputado electo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), carecía de respaldo legal como vicepresidente de la República para destituir a toda la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), como parte de una disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general.
Brunner tomó la decisión el 28 de mayo del 2025 al término de un procedimiento administrativo iniciado contra los directivos de la entidad pública, pero los magistrados determinaron que lo hizo violentando la autonomía del banco y los derechos constitucionales de los directivos.
“Concluye esta Sala que, en efecto se ha configurado en este caso una violación al debido proceso por incompetencia del sujeto que llevó a cabo el procedimiento que culminó con la destitución de los amparados de sus cargos como miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional”, sostuvo el Tribunal
Los magistrados determinaron que solo el Consejo de Gobierno puede remover a directivos de un banco estatal, según la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Además, debe existir un criterio de la Superintedencia General de Entidades Financieras (Sugef) y, en este caso, no hubo.
El informe que envió la Sugef a Brunner no descartó irregularidades en elección de Rosaysella Ulloa como gerenta general del Banco Nacional. Además de que la designación de la jerarca se ajustó a los procedimientos internos y a la ley.
La Sala concluyó que el procedimiento “no podía tener como consecuencia la cesación del cargo de los amparados como miembros de la Junta Directiva sin el cumplimiento de requisitos”.
En la sentencia también se determinó que el objetivo era tomar el control del Banco Nacional.
“La cesacion del cargo se dio a todos los miembros de la Junta Directiva, con lo cual subyace la intención de cambiar por completo su integración y no necesariamente solo sancionar a quien hubiera incurrido en una falta”, argumentó la Sala.
La declaratoria con lugar del recurso de amparo de los directivos causó la restitución de los directivos en octubre del año pasado.
Con ello, volvieron a sus cargos Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras, Marvin Arias Aguilar, Maricela Alpízar Chacón, José Bernal Alvarado Delgado, Montserrat Buján Boza y Ruth Alfaro Jara.
A la vez, se produjo la salida de la Junta nombrada por el gobierno de Rodrigo Chaves. En específico, se trata de Maximiliano Alvarado Ramírez (presidente), Javier Zúñiga Moya (vicepresidente), María del Milagro Solórzano León (secretaria), y los directores Rolando Saborío Jiménez, Noylin Cruz Suárez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto.
Investigacón penal
En la resolución del Tribunal, el magistrado Fernando Cruz recomendó iniciar una pesquisa legal por posibles infracciones a los deberes de la función pública.
“Considero que pueden existir elementos suficientes para que se abra una investigación pneal por conductas contrarias a los deberes de la funcción pública, tal como sería, el dictado de resoluciones contrarias a la ley”, expuso el magistrado en su argumentación.
