Se aprobó nuevamente el impuesto a las personas jurídicas, concepto que para los fines de la ley, se limita a todas las sociedades mercantiles, a las sucursales de sociedades extranjeras o sus representantes y a las empresas individuales de responsabilidad limitada, que se encuentren inscritas o que se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional. Existen otras personas jurídicas en nuestro ámbito, pero el impuesto se aplicará solamente a las ya indicadas.
La nueva normativa es casi igual a la anterior, pero existen algunas diferencias que conviene destacar.
En primer lugar, la tarifa anual tiene cuatro niveles y no dos como antes; de manera que las diferentes personas jurídicas podrían pagar un 15%, un 25%, un 30% o o un 50% de un salario base mensual (referencia al artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993).
Por otra parte, el oscuro concepto de “sociedades activas e inactivas” que tuvo la ley anterior, viene a sustituirse con el criterio de si tales personas jurídicas están o no están inscritas “en el Registro Único Tributario en la Dirección General de Tributación”.
Las sociedades no inscritas como contribuyentes, pagarían el monto menor; mientras que las inscritas pagarán según los rangos de ingresos brutos reportados en la declaración del impuesto sobre la renta del año inmediato anterior.
Al igual que la normativa anterior, la nueva ley indica que los representantes legales de estas personas jurídicas serán solidariamente responsables por el no pago de este impuesto.
Mucha atención: el nuevo artículo 7 dispone que en caso de operar la disolución de la persona jurídica y la cancelación de su asiento registral, la Administración Tributaria podrá continuar con los procedimientos cobratorios ya iniciados o bien establecer nuevos procesos cobratorios contra los últimos socios oficialmente registrados, quienes se constituirán en responsables solidarios en el pago de este impuesto.
La ley anterior no tocaba directamente a los socios, la nueva sí lo hace, al punto que podría generarse el embargo y remate de sus bienes. Con esta y otras leyes recientes, se va diluyendo poco a poco la separación personal y patrimonial entre la sociedad y los socios.
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