La producción agrícola de Costa Rica acumula 13 meses con indicadores negativos. Los resultados coinciden con las apreciaciones del sector y de analistas, quienes califican estos resultados como una señal de crisis, devastación e incertidumbre.
El índice mensual de actividad agropecuaria (Imagro), que mide la producción mensual del sector, muestra números rojos desde junio hasta setiembre, el último dato actualizado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La caída golpea con más fuerza a la producción agrícola, que ya suma 13 meses en negativo.
Por otro lado, La Nación verificó que ocho productos agrícolas cuentan con menos áreas de cultivo entre 2023 y 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). La zona de siembra de papa se redujo en siete hectáreas, la de arroz, en 703 hectáreas; frijol (-366); banano (-1.737); café (-2.429); caña de azúcar (-839); naranja (-2,169); y palma aceitera (-1,798).
Cabe señalar que todos estos rubros cuentan con una reducción de áreas de cultivo con respecto al 2020, de acuerdo a los datos de la ENA.
La Nación solicitó la valoración del MAG sobre el contexto actual, pero al cierre de esta nota no había respuesta.
Óscar Arias Moreira, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), que agrupa a 44 organizaciones, afirma que la reducción de las áreas de cultivo responde a que los productores “no aguantan” la crisis y abandonan la actividad. Esta situación, según agrega, también reduce el empleo; calcula que el año cerrará con más de 20.000 puestos menos.
Datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) indican que el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca empleó a 189.004 personas al cierre del segundo trimestre del 2025, lo que significa 22.390 menos que un año atrás.
Para Marco Chaves Solera, fundador y exvicepresidente del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), los datos confirman la tendencia y anticipa que esta se mantendrá. Asegura que la caída en áreas de siembra es evidente.
“Cualquier producto que depende de las políticas de Estado se ha visto impactado severamente”, sostiene Chaves. En su criterio, los principales factores son los mercados y los precios.
Omar Sánchez Rojas, director de Inteligencia de Negocios de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), señala que en los últimos tres años el área de siembra de esa fruta se ha mantenido estable, aunque confirma que, en comparación con años previos, sí existe una reducción debido a la estructura de costos.
Sánchez explica que el empresario bananero se concentra en los mejores suelos.
Corbana analiza recuperar áreas y ampliar la superficie nacional.
Tipo de cambio e importaciones
Marco Chaves, del INTA, señala el incremento de las importaciones de productos agrícolas y el pago de precios “irrisorios” a los agricultores nacionales como factores que empujan al sector a la quiebra. “Se le pagan precios que no cubren los costos de producción y eso desmotiva a seguir creciendo”, indica.
Datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) muestran aumentos importantes en las importaciones, medidas en toneladas, entre 2023 y 2024: papa (31%), cebolla (403%), zanahoria (194%), tomate (1.451%), mandarina (16,5%) y naranja (5,5%).
Chaves afirma que la administración Chaves Robles ha actuado contra la producción nacional, y aunque existe financiamiento mediante la banca de desarrollo, cuestiona su utilidad: “¿Quién va a estar interesado en créditos cuando no hay mercado?”.
Óscar Arias Moreira, del CNAA, asegura que el agro sigue en crisis y que los resultados del Imagro son solo un aspecto estadístico.
Señala la apreciación del tipo de cambio, que supera el 20% en tres años, como la principal causa de este momento crítico. Agrega que esta tendencia afecta a los exportadores, que reciben menos colones por cada dólar, y a los productores para el mercado nacional, que enfrentan más importaciones por un dólar barato. “Esto debilita al agro y crea una competencia desleal”, afirma.
El directivo añade que los aranceles impuestos por Estados Unidos generan más incertidumbre.
Fernando Naranjo Retana, presidente de la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), explica que reciben menos colones por cada dólar exportado, pero pagan los mismos precios por insumos agrícolas, mientras que salarios y cargas sociales continúan al alza.
Respecto a la reducción de áreas de cultivo, Naranjo afirma que en la Gran Área Metropolitana (GAM) obedece a la presión del urbanismo y en otras regiones, a los bajos precios de las cosechas.
Falta de políticas
Por su parte, Renato Alvarado, exjerarca del MAG, describe la situación como una “devastación” y critica la falta de una política pública clara, con salvaguardas ante importaciones masivas que fijan precios mayoristas por debajo de los costos locales. Además, señala que los intermediarios imponen altos márgenes entre el productor y el consumidor final.
Los productores marcharon en busca de respuestas del gobierno de Rodrigo Chaves el pasado 11 de noviembre. Ese día, reclamaron la ausencia de una política de Estado que respalde la producción nacional y la soberanía alimentaria.
En tanto, Mainor Cruz, director interino de la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz), sostiene que se ha puesto en desventaja al productor nacional frente a competidores internacionales que sí reciben apoyos como precio mínimo, respaldo por ingresos o rendimientos e intervención parcial de los gobiernos.
El economista Fernando Naranjo Villalobos, exjerarca de Hacienda, considera que la solución está en manos del gobierno y del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Advierte de que el sector agro es clave para regiones fuera de la capital y que la situación actual los arrastra a la insolvencia.
Además, considera que las tasas de interés impulsadas por la política monetaria del BCCR afectan la capacidad productiva. También enlista al tipo de cambio como elemento principal del deterioro del agro, debido a que los costos de producción de los exportadores han aumentado y sus ingresos se han reducido.
“Lo digo con respeto, pero tenemos un MAG que no existe. Nos preguntamos qué es lo que está haciendo; no hay una política agrícola y es lamentable. Tampoco el Ministerio de Planificación, dudo que haya proyectado caídas en el empleo y la producción agrícola”, asevera el también excanciller.
Por su parte, Álvaro Monge, especialista en comercio exterior, considera que el modelo exportador del agro nacional continuará creciendo, pero ve un panorama menos favorable para la producción destinada al mercado interno.
Monge cree que la situación dependerá de las decisiones del próximo gobierno y del apoyo económico o estructural que otorgue a los productores que requieren respaldo económico o estructural para mantenerse en el mercado.
Diálogo, la prioridad
El ingeniero agrónomo Marco Chaves afirma que el gobierno ha demostrado “incapacidad total” para resolver la situación del agro y considera urgente iniciar un diálogo nacional.
Arias Moreira, de la CNAA, coincide con él y propone un diálogo constructivo entre el gobierno y el sector productivo para delinear una política pública de mediano y largo plazo.
“Tenemos una serie de instituciones que supuestamente ayudan al sector, pero cada una anda por su lado. No hay una política pública en apoyo a la producción nacional”, externa el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
Datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (Sepsa), del MAG, indican que el presupuesto de inversión pública para el 2025 asciende a ¢15.666,57 millones, de los cuales solo se había ejecutado el 13% al primer trimestre del año.
Por otro lado, el Informe de Gestión del sector agropecuario mayo 2024-abril 2025 señala que en 2024 el sector dispuso de ¢266.561,5 millones, de los cuales “la institucionalidad pública agropecuaria” ejecutó el 88,1% que corresponde a ¢234.935,2 millones.
Los recursos se destinaron a brindar servicios de apoyo a la producción agropecuaria, de acuerdo con las áreas de competencia de cada una de las siete instituciones enlistadas en el informe.
“Lo primero es abrir un diálogo constructivo para definir las políticas públicas”, concluye Guido Vargas, secretario general de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional).