Tres superintendencias financieras y cámaras del sector financiero del país alzaron la voz en contra de un proyecto de ley propuesto por el gobierno que brindaría poderes casi ilimitados al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para fiscalizar bancos, operadoras de pensiones, aseguradoras y fondos de inversión.
La iniciativa, actualmente en discusión en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, permitiría a esta dependencia del Poder Ejecutivo efectuar un cierre parcial o total de las operaciones de una entidad financiera; incluso usar la Fuerza Pública para ejecutar la medida, según el texto sustitutivo enviado por el MEIC, el pasado 10 de junio, a la Asamblea Legislativa.
Además, el plan permitiría brindarle acceso a dicho ministerio a los datos confidenciales de millones de deudores del Centro de Información Crediticia (CIC), administrado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Adicionalmente, crea una nueva tarifa a favor del MEIC, de regulación y supervisión, equivalente al 1% del patrimonio de las entidades bajo su vigilancia.
Esta iniciativa motivó, en las últimas dos semanas, el rechazo de la Superintendencia de Pensiones (Supén), la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
La Sugef, a diferencia de los otros entes fiscalizadores, no brindó una posición sobre la propuesta del Ejecutivo. La Nación consultó su posición a Hazel Valverde, actual jerarca, pero al cierre de este artículo las consultas seguían en trámite.
Siendo gerenta del Banco Central, Valverde denunció penalmente a Rocío Aguilar, entonces jerarca de la Sugef, por negarse a entregar información sin anonimizar de personas y empresas con deudas en los bancos.
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En octubre del 2024, el Ejecutivo presentó un primer texto de la Ley de Servicios o Productos Financieros suscrito por Rodrigo Chaves, presidente de la República, y el entonces ministro del MEIC, Francisco Gamboa.
Gamboa es el actual secretario general del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) y aspirante a la primera vicepresidencia de esta agrupación política.
En su exposición de motivos, el proyecto indica que el propósito de la iniciativa es defender los derechos de los consumidores financieros y supervisar la conducta comercial de los actores del sector bajo la gestión del Ministerio.
Fiscalización independiente
El MEIC afirmó, por correo electrónico la noche del martes, que desconoce las posiciones de las superintendencias financieras y organizaciones del sector. *
Además, de que algunos de los criterios incluidos en el expediente legislativo corresponden al texto base, y no al texto sustitutivo, se enfatizó.
“Debe precisarse que esa no es una posición consensuada de todo el sector financiero, sino de algunos actores que prefieren mantener el statu quo, frente a una propuesta que busca por primera vez reconocer derechos específicos a los consumidores financieros, que hoy no tienen garantías legales claras”, argumentó el Ministerio.
Adicionalmente, la institución pública rechazó que haya influencia política en las eventuales decisiones del Ministerio sobre entidades financieras.
“Las potestades (de supervisar y fiscalizar) serán ejercidas por un órgano de desconcentración máxima con independencia funcional, lo cual significa que no depende de instrucciones del jerarca político. Además, las medidas más severas —como la posibilidad de cierre—, aplican únicamente en casos de faltas gravísimas”, argumentó la entidad pública.
Y se agregó: “No hay ninguna razón para suponer que estas potestades se usarán políticamente, sobre todo cuando el MEIC lleva más de 30 años protegiendo a los consumidores sin que ello haya sido objeto de manipulación política”.
Sobre el cobro a las instituciones supervisadas, la catalogó como un canon razonable, conservador y vinculado al presupuesto de la entidad supervisora, para asegurar una operación técnica, independiente y sostenible.
Intromisión política
En una nota enviada a los diputados, Hermes Alvarado, jerarca de la Supén, argumentó que el plan del Ejecutivo pone en riesgo la estructura de supervisión financiera independiente y técnica creada en Costa Rica en las últimas décadas.
“Lo que propone el proyecto es totalmente contrario al principio de independencia operativa que las entidades regulatorias y supervisoras del sector financiero deberían tener en relación con las autoridades políticas, tal y como se señala en los principios, recomendaciones y estándares internacionales", argumentó Alvarado en el oficio SP-698-2025, del cual tiene copia La Nación.
Alvarado solicitó una audiencia a la comisión legislativa que discute el proyecto, pues considera que el nuevo texto desmantela el modelo actual de supervisión.
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Por su parte, Tomás Soley, jerarca de la Sugeval, expresó la “oposición total” de la entidad a la iniciativa, según el oficio SGS-0911-2025, del 24 de julio pasado.
El argumento del jerarca es que el proyecto introduce un ministerio de Gobierno a realizar labores técnicas de supervisión financiera sin la capacidad de recurso humano o informático.
“El proyecto de ley parte de un error neurálgico que lo hace inviable como un todo, en tanto que pretende reestructurar el sistema de supervisión financiero nacional sin contar con ningún informe ni asistencia técnica experta basada en principios y estándares de supervisión globales“, recalcó Soley.
Subrayó que el MEIC solo tiene conocimiento sobre mecanismos de atención de quejas y reclamaciones.
“La propuesta legislativa escoge el camino más complicado, confuso, costoso e ineficiente“, afirmó el jerarca en una misiva a la Comisión de Asuntos Económicos.
Además, consideró que el plan supuestamente busca beneficiar al consumidor, pero le traslada el costo al imponer una tarifa de supervisión del 1% del patrimonio de cada entidad.
Por su parte, Reyner Brenes, intendente de la Sugeval, consideró que la iniciativa legal establece una duplicidad de funciones porque otorgaría al Ministerio de Economía competencias en materia de conducta del negocio y protección al consumidor financiero, las cuales ya posee el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y las superintendencias.
Reclamo del sector
Organizaciones que aglutinan entidades supervisadas también alzaron la voz en contra del proyecto gubernamental.
La Cámara de Fondos de Inversión (CAFI) pidió a los legisladores desechar la propuesta del gobierno, dados los múltiples defectos del mismo, recalcó Víctor Manuel Chacón, director ejecutivo de la organización, en un oficio enviado a los legisladores.
Chacón mencionó entre los yerros la pérdida de especialización, duplicidad de funciones y altos costos de regulación.
Por su parte, Norma Montero, directora ejecutiva de la Asociación de Aseguradoras Privadas, explicó a los diputados, en una carta enviada el pasado 28 de julio, que Costa Rica ya cuenta con un marco robusto de supervisión financiera.
“Puede implicar (el proyecto) un riesgo de superposición normativa, duplicidad de competencias y afectación a la coherencia del sistema de supervisión financiera”, sostuvo Montero, según el oficio en poder de este diario.
Por último, Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), consideró que la experiencia del MEIC se centra en materia de consumidor mercantil, pero no así a nivel financiero.
“En el texto sustitutivo (del Ministerio) persiste la mayoría de las preocupaciones esbozadas inicialmente como traslape y duplicidad de funciones, por lo que de manera respetuosa solicitamos que (...) nos llamen a referirnos puntualmente a dicho texto”, pidió Montero a los legisladores, como se detalla en el oficio OCF-87-2025.
* La respuesta del Ministerio se incluyó en la versión web la noche de este martes, pero no se pudo incluir en el formato de papel, pues la edición ya estaba cerrada.