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Un proyecto de ley en discusión legislativa propone crear un impuesto del 0,6% sobre las primas de seguros para financiar redes de monitoreo geodinámico y meteorológico. La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.738, generaría un aumento en el costo de pólizas y créditos asociados en el país.
La propuesta fue presentada en la Asamblea Legislativa por la diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el objetivo de financiar instituciones como el Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori), la Red Sismológica Nacional y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Según estimaciones del sector asegurador, el impacto económico alcanzaría unos ¢3.300 millones en el primer año.
El proyecto establece un nuevo gravamen a seguros que recaería directamente sobre personas y empresas aseguradas. Esto implicaría incrementos en pólizas de vida, salud, incendio y otros productos, así como en créditos que incluyen seguros obligatorios.
De acuerdo con datos del sector, el costo proyectado crecería sin límite anual, impulsado por la expansión del mercado asegurador. Las estimaciones indican que el monto podría duplicarse en un plazo de ocho años, sin relación directa con las necesidades de financiamiento de las entidades beneficiarias.
“Estas entidades vinculadas a universidades públicas cuentan con un presupuesto estatal; de hecho, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2026 asciende a ¢593,488 millones, por lo cual no es justo que pretendan pedirles a los asegurados que paguen un nuevo impuesto para financiarlas. De ninguna manera es justificable este proyecto que encarece el acceso a los seguros, en detrimento de toda la población que requiere protección financiera en caso de sufrir enfermedades, accidentes, pérdidas patrimoniales u otras contingencias”, afirmó Giancarlo Caamaño, vocero de la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP).
El análisis técnico remitido al Congreso advierte sobre un impacto en el acceso a seguros, ya que el aumento en primas podría limitar la contratación de coberturas. Esto afectaría tanto a personas como a empresas que utilizan seguros colectivos de salud o protección patrimonial.
Además, el encarecimiento de los seguros podría trasladarse al sistema financiero. En el caso de créditos de vivienda, el aumento en pólizas asociadas implicaría cuotas mensuales más altas para los usuarios.
El sector también señala un posible efecto en el sistema de salud pública, debido a que menores niveles de aseguramiento podrían incrementar la demanda de servicios estatales.
“La APP se opone al proyecto de ley 24.738 y a otras iniciativas legislativas que pretenden financiar diversos fines públicos mediante nuevas cargas sobre las primas de seguro o contribuciones vinculadas a la actividad aseguradora, sin una evaluación de su impacto acumulativo y sin una valoración del aporte social y económico del seguro”, indica el comunicado de prensa.
