EscucharLa Procuraduría General de la República (PGR), en su calidad de abogado del Estado, respondió al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda sobre la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de destituir a la cúpula del Banco Nacional (BN).
La PGR pidió al Tribunal rechazar la petición de medida cautelar de cuatro exdirectivos del banco estatal de suspender su remoción, ejecutada el pasado 28 de mayo, y ser restituidos en sus cargos.
La petición está redactada y firmada por Jorge Oviedo Álvarez, procurador director de la Dirección de Derecho Público de la PGR, de acuerdo con el documento del que tiene copia La Nación.
En el oficio, se argumenta que los exdirectivos alegan cuestiones jurídicas que deben resolverse en una sentencia de fondo, e incongruencia entre el daño alegado y la petición requerida.
“Los antiguos directivos asumen que su destitución producirá, como un tobogán, una serie de consecuencias magnificadas y que esto es una razón de peso para otorgar la medida cautelar. Aparte de lo que es notorio, y es el Banco Nacional es un banco sistémico, los actores no aportan pruebas concretas sobre la forma en que su destitución, pondría en riesgo el Banco“, indica la PGR.
Adicionalmente, el abogado del Estado criticó que los argumentos de los exdirectivos parten de una premisa falsa.
“Es importante notar que actualmente el Banco Nacional de Costa Rica no se encuentra acéfalo. Existe una Junta Directiva nueva integrada que se ha incorporado dentro del marco de gobierno corporativo del Banco Nacional”, según el documento de nueve páginas.
La Procuraduría también criticó que los exdirectores buscan, en una fase cautelar, se dicta una sentencia anticipada.
“No se trata de una medida cautelar, sino del dictado de una especia de sentencia anticipada provisional“, se indica en el oficio.
La PGR califica de “falacia” el planteamiento de los exdirecivos, que su destitución abrupta pone en riesgo al banco y al país.
“Los exdirectivos parten del supuesto de que solamente con la anterior integración de la Junta, compuesta por ellos, puede garantizarse la gobernabilidad del Banco Nacional y garantizarse la salud de la economía. Evidentemente, el argumento padece de una falacia lógica”, refiere el escrito.
Por otro lado, la Procuraduría señala que la gestión presentada por los exdirectivos no analiza por qué, en esta ocasión, los intereses particulares de los directivos deben prevalecer frente al acto administrativo de revocación de los nombramientos de la Junta Directiva.
Los exmiembros de la Directiva del BN José Bernal Alvarado, Ruth Belarmina Alfaro, Montserrat del Carmen Bujány Marcela Alpízar Chacón solicitaron el 31 de marzo ante este tribunal una protección judicial inmediata, la cual no fue aceptada.
Posteriormente, la instancia judicial declaró sin lugar la medida cautelar provisionalísima interpuesta contra el Estado por cuatro exmiembros de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN).
Los exdirectivos pretendían suspender su destitución y ser restituidos en sus cargos. Tras el fallo, ahora el caso continuará el proceso por la vía ordinaria.
Los exmiembros solicitaron la inmediata suspensión de la Resolución RES-PV-008-2025 del 28 de mayo, que los separó del cargo, y se ordenara al Consejo de Gobierno la restitución inmediata en sus cargos.
La anterior Directiva del BN fue removida en pleno por la disputa con el gobierno por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general.
La solicitud fue tramitada bajo la figura de medida cautelar provisionalísima, que son aquellas que se decretan de forma temporal en casos de especial urgencia y de previo resolver sobre la medida solicitada, con el fin de garantizar su efectividad.
Los otros miembros separados fueron Marvin Arias Aguilar, José Manuel Arias y Rodolfo González Cuadra. Los siete fueron destituidos tras un procedimiento administrativo liderado por el vicepresidente Stephan Brunner Neibig.
Bruner expuso, en el acto final del procedimiento ordinario sancionatorio administrativo (RES-PV-008-2025), los argumentos y las normativas presuntamente infringidas por los exjerarcas, relacionados con el nombramiento de Ulloa.
