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La Dirección General de Tributación no controla ni fiscaliza el impuesto a casinos, apuestas electrónicas, mesas de juego y máquinas tragamonedas.
Así se desprende del informe DGAI-INF-001-2015 realizado por la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda.
El documento, del 20 de abril anterior, concluyó que el fisco tenía desactualizada la lista de contribuyentes sujetos al pago del tributo específico.
Incluso, la lista de casinos registrados no coincide con la información del Ministerio de Seguridad, entidad que brinda las autorizaciones de operación.
Al cierre del 2014, el fisco tenía registrados 52 contribuyentes, de los cuales dos estaban inactivos.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad tiene inscritos 48 casinos. De estos, 32 están autorizados para operar, siete están suspendidos, seis no tienen autorización y tres permisos están extintos, según los datos brindados a La Nación .
Carlos Vargas, director de Tributación, justificó que la falta de supervisión se debe a que la Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace de Llamadas a Apuestas Electrónicas es una legislación de aplicación reciente.
“Estamos en la elaboración del adecuado censo de los obligados tributarios. Es un trabajo intenso que hacemos en conjunto con el Ministerio de Seguridad”, enfatizó Vargas.
El fisco incorporará para el 2016, el control y fiscalización del tributo; es decir, cuatro años después de aprobado el impuesto en la Asamblea Legislativa .
La ley dicta un tributo a los casinos del 10% de sus ingresos netos mensuales. Además, por cada mesa de juego paga el 60% de un salario base y por cada máquina tragamonedas el 10%.
Las firmas de apuestas electrónicas cancelan un gravamen anual de acuerdo con la cantidad de trabajadores.
Recaudación. El ingreso generado por el impuesto a casinos ascendió en el 2013, durante el primer año de implementación, a ¢1.470 millones, según el registro de Hacienda.
Para el 2014, los ingresos fueron de ¢1.080 millones; esto es, un 27% menos frente al año previo.
La estimación para este año es que la recaudación se mantenga similar al 2014. Para el 2016, habría un incremento como consecuencia del plan de fiscalización, según datos de Hacienda.
El director de Tributación atribuyó la baja de ingresos a la carencia del censo detallado de contribuyentes.
Por otra parte, el informe de Auditoría Interna reveló que la morosidad del tributo fue de ¢376 millones al cierre del 2013.
El impuesto a casinos se invierte en la infraestructura de los centros penitenciarios y para el mantenimiento de equipo y material de la Fuerza Pública.
La liquidación presupuestaria de 2014, del Ministerio de Seguridad, detalla que Hacienda transfirió ¢304 millones del tributo, que se utilizaron para la adquisición y mantenimiento de equipo de transporte de la entidad.
En el caso del Ministerio de Justicia, los ¢776 millones dados el año pasado complementaron el financiamiento para la construcción de nuevos espacios carcelarios para personas jóvenes en La Reforma. También para la ampliación de plantas de tratamiento de aguas negras en diversas cárceles.
