EscucharLa directora nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), Wendy Rivera Román, confirmó ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que se mantiene vigente la medida cautelar contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR) donde se ordena suspender la solicitud de datos sin anonimizar de personas y empresas.
La afirmación la brindó este jueves durante la comparecencia dentro del proceso de investigación que desarrolla esta comisión legislativa, abierto al BCCR, por la exigencia de información crediticia, sin anonimizar, a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y cuatro bancos sistémicos.
El 28 de agosto pasado, la Prodhab ordenó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) suspender cualquier solicitud de información que incluya datos de personas sin anonimizar, y a la vez instruyó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a no entregar esta información al ente emisor.
La decisión quedó establecida en la resolución N.° 697-2023, en la cual se declaró con lugar medidas cautelares solicitadas, el 23 de agosto, por la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración Pública en Costa Rica (Asodidcu). Rivera indicó que la Prodhab sí suspendió la resolución final del proceso que abrió contra el BCCR.
“Lo que se suspende es el dictado del acto final, el resto de diligencias no, puesto que hay información que es importante recopilarla en su momento, porque en el caso de nosotros la ley no prevé el recurso de apelación, nosotros agotamos la vía administrativa”, indicó.
La diputada Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó que en esa misma Comisión, el presidente del BCCR, Róger Madrigal, refirió que la medida cautelar se había suspendido, y señalando que “él mintió”.
Tras la pregunta de la diputada Álvarez, sobre qué motivó a la Prodhan de abrir el caso contra el BCCR, Rivera respondió que aunque la Prodhab tiene la facultad de actuar de oficio, éste se generó por la denuncia realizada por Asodidcu.
Aclaró que Prodhab da trámite a denuncias, no solo de datos sensibles, sino sobre cualquier categoría de datos personales que son clasificados así una vez que se realiza un análisis integral de ellos dentro de una base datos.
Por su parte, el diputado José Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), preguntó a Rivera si Prodhab conoce de casos de instituciones del Estado que justifiquen el uso de información socioeconómica para construir indicadores, en alusión al argumento que ha brindado el BCCR, a lo que Rivera respondió que no recordaba de algún caso de los ya resueltos donde se haya hecho ese análisis.
Por otro lado, señaló que la Prodhab no ha recibido ninguna notificación por parte del BCCR acerca de la solicitud de datos que realizaría a la Sugef ni tampoco ha registrado la base de datos que administra, pero aclaró que tampoco están obligados.
De igual manera respondió que no tuvieron algún tipo de consulta a comunicación previa del BCCR respecto a la intención de solicitar los datos sin anonimizar a la Sugef.
Ante el cuestionamiento de los legisladores sobre el uso de datos “sensibles”, Rivera reiteró que su uso requiere de una norma o del consentimiento informado de las personas de las que se recabó información sobre el fin o uso de ellos. A la vez que consideró que en dependencia de cómo estén registrados los datos pueden calificarse de sensibles o restringidos.
El diputado Fabricio Alvarado del Partido Nueva República, hizo referencia al protocolo de transferencias de datos personales de acuerdo al marco vigente y le preguntó si el BCCR tiene registrado el propio ante la Prodhab, a lo que Rivera respondió que no lo tiene inscrito.
“Estamos trabajando para que se genere una cultura de cumplimiento, si bien el Banco Central no lo tiene, es parte de lo que se está impulsando, para que todas las instituciones que hacen transferencias (de datos) en lo público y en lo privado, generen esa inscripción de protocolo”, indicó Rivera.
Propiedad de los datos personales
Sobre la propiedad de los datos personales, consultado por la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista, Rivera explicó que con base en el derecho constitucional de autodeterminación informativa, cada individuo es dueño de lo suyos y autoriza su uso, en tanto no rijan las excepciones que la misma ley establece.
Entre estas excepciones mencionó el funcionamiento de bases datos con fines estadísticos, históricos y de investigación cuando no exista el riesgo de que las personas sean identificadas. Aquí Cambronero cuestionó a las instituciones bancarias que no pidieron el consentimiento informado a los ciudadanos para entregar los datos sin anonimizar, lo que calificó como “grave delito”.
Rivera concluyó indicando que la Prodhab establece procedimientos de protección de derechos, el sumario que faculta al ciudadano para que proceda a la rectificación de los datos o se impida la transferencia o difusión de la información, que es el que se lleva a cabo contra el BCCR. “Es de mero conocimiento es sancionatorio”, afirmó.
De encontrarse motivos, se traslada a un proceso ordinario que establece sanciones específicas.
Posterior a la comparecencia de Rivera, le correspondió el turno a José Antonio Hidalgo Marín, presidente de Asodidcu, quien argumentó que la denuncia interpuesta ante la Prodhab radica por la amenaza a la privacidad de los ciudadanos cuando el BCCR solicita datos socioeconómicos personales, lo que calificó como “sensibles”.
Explicó que la fundamentación de la denuncia son normas de la Constitución Política, referencias de la Sala Constitucional, principios de la Ley de Administración Pública, la Ley Orgánica del BCCR, la Ley de Protección de Datos de las Personas y la Ley del Sistema de Estadística Nacional.
Hidalgo insistió en que la información que solicita el BCCR, se califica como sensible con lo que refuta los argumentos del ente rector de la política monetaria. “Como consumidores que somos yo difiero de ese criterio, porque mi información crediticia sí tiene un impacto en un tema de intimidad y la ley establece que lo que afecte mi intimidad es un dato sensible”.
