La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima urgente la modificación de los impuestos a las personas físicas o de renta, y del valor agregado (IVA), en Costa Rica, como un paso para solucionar el déficit fiscal.
También consideró muy alta la contribución a la seguridad social, algo que aunque no es un impuesto como tal, estima es una salida o gasto de las empresas que limita las posibilidades de contratación de personal y alienta la informalidad de las compañías.
Así lo detalló el organismo en un informe especial acerca de la situación fiscal de Costa Rica, solicitado por el Ministerio de Hacienda.
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Bert Brys, jefe la Unidad de política fiscal del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, afirmó que la alta contribución a la seguridad social lleva a tener una informalidad del 46%, (Jeffrey Zamora)
El informe Análisis de políticas fiscales de la OCDE, Costa Rica 2017, no forma parte del proceso de adhesión de nuestro país a esta agrupación, pero fue solicitado como una profundización en el campo fiscal.
El Ministro de Comercio Exterior (Comex) y coordinador gubernamental del proceso de adhesión a la OCDE, Alexánder Mora, recordó que se trata de un informe sobre la situación de impuestos y que, por lo tanto, no contiene sugerencias en recorte de gastos.
El informe pide modificar el impuesto a las personas físicas o a los ingresos, así como también revisar las exoneraciones a los ingresos de empresas extranjeras. El impuesto a la renta como tal es muy alto, sobre una estrecha base gravable, según el documento.
También se destaca cómo la base o cantidad de productos y servicios se podría ampliar con el impuesto al valor agregado, con lo cual se generarán más ingresos.
El impuesto actual sobre las ventas, agrega, tiene exoneraciones que benefician a las familias de mayor poder adquisitivo. Algunos de estos casos se dan en el sector de servicios, como educación privada, asistencia médica privada, servicios profesionales y construcción.
Se sugiere también evaluar impuestos relacionados con la protección ambiental, como a los combustibles fósiles o a los autos eléctricos. En este punto, la OCDE adujo que los impuestos a los vehículos se deben cobrar conforme a su capacidad de generación de CO2 (dióxido de carbono) y no relacionados a su valor, como se hace actualmente.
En ese mismo campo del ambiente, propone revisar las exenciones fiscales. Bert Brys, jefe la Unidad de política fiscal del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, afirmó que la alta contribución a la seguridad social lleva a tener una informalidad del 46%, lo cual, a su vez, reduce las opciones de mejorar la recaudación.
Al presentar el informe, Brys criticó la muy alta tasa de impuestos con destino específico, pues en el 2016 un 62% estaba en esa condición. Aseguró que las reformas son necesarias, porque un déficit o diferencia entre ingresos y gastos del 5% o más del Producto Interno Bruto es demasiado alto y causará una crisis en cualquier momento.
El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, dijo que el objetivo es utilizar el documento como base para una transformación de los impuestos y que la discusión no se base en una emergencia para cerrar un hueco fiscal de último momento como sucede hasta ahora.