Ladrones sacaron ¢12.000 millones de cuentas bancarias en seis meses

Así se detalla en el informe Datos sobre la prevalencia criminal en las denuncias por Ingeniería Social, elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizó un análisis histórico de este tipo de casos entre el 2017 y los primeros seis meses del 2023.

El monto de recursos sustraído este año equivale al 45% del total del 2021 que, hasta ahora, es el de mayor perjuicio económico, con ¢27.300 millones.

De acuerdo con el estudio de la Policía Judicial, en el periodo analizado, los ladrones despojaron a personas y empresas de ¢85.505 millones, $53,7 millones y 65.100 euros.

Según las estimaciones de Randall Zúñiga, director del OIJ, en total son cerca de ¢120.000 millones. La suma, dijo, equivale a un 25% del presupuesto del Poder Judicial en un año y es mayor a los recursos anuales del OIJ, que son cerca de ¢107.000 millones.

“El aumento de los fraudes contra las personas no se visualiza (...) Es tremenda la cantidad de dinero que le están robando a los costarricenses en la actualidad, les están vaciando las cuentas”, afirmó Zúñiga”, durante una comparecencia, el 12 de octubre, ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico.

En el caso de la cantidad de denuncias presentadas en las oficinas de la institución, en el acumulado de enero a junio, fueron 2.535, frente a las 5.083 del 2022.

Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), y representantes de las entidades bancarias con mayor volumen de clientes coincidieron en que este tipo de delitos se convirtieron, en un periodo corto, en uno de los principales flagelos del sistema financiero costarricense.

De hecho, Aguilar adelantó a La Nación que actualmente trabajan en una normativa para obligar a la banca a contar con al menos dos sistemas de autenticación si brindan servicios digitales a sus clientes.

Razones del ascenso

El rápido ascenso de las transacciones digitales a raíz de la pandemia de la covid-19 fue de la mano de las actuaciones de las organizaciones criminales, tanto locales como internacionales.

Las interacciones digitales de los clientes bancarios tuvieron un incremento vertiginoso. En el 2020, el Banco Central registró casi dos millones de operaciones bancarias de pagos y débitos inmediatos en las cuales se movilizaron ¢8,4 billones.

Mientras que, al cierre del año pasado, las transferencias en línea ascendieron a cinco millones de operaciones bancarias, en las cuales se transfirieron ¢11,2 billones, es decir, el equivalente a una cuarta parte de la producción del país.

Para Zúñiga, los delincuentes se dieron cuenta que realizar estafas por teléfono o Internet les genera más rédito, comparado con delinquir en la calle.

Los adultos mayores son las personas más atacadas, pues incurren más fácilmente en el engaño de los delincuentes, expuso el jerarca policial a los legisladores.

La jerarca de la Sugef coincidió con el director del OIJ del grave problema que significan para el país las estafas y fraudes informáticos. Además, insistió en que las entidades financieras deben ser más responsables frente a los clientes si ponen a disposición los canales digitales.

Raúl Rivera, asesor en temas de ciberseguridad de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), destacó que las instituciones financieras elevaron, en los últimos años, los controles tecnológicos para la protección de sus sistemas e incorporaron las credenciales digitales para sus usuarios.

Él reconoció que, en el 95% de los casos, las personas son el objetivo de ataque de los ciberdelincuentes.

Rivera destacó que las recomendaciones como no compartir el usuario y las claves, o no ingresar a páginas sospechosas son medidas de protección efectivas. Además, conviene instalar productos antivirus para cada uno de los dispositivos digitales (celular, tableta y computadora).

Difícil persecución

El OIJ reconoció que el principal obstáculo para el combate de los fraudes informáticos es la dificultad de rastrear y obtener la información necesaria durante los procesos de investigación. La razón es que a las personas los contactan por números enmascarados, números IP en otros países, números con roaming internacionales, WhatsApp o números prepago.

Cuando el proceso delictivo se hace desde un enlace (link), ya sea por correo electrónico o mensaje de texto, los delincuentes usan páginas falsas que no dejan huella digital, lo cual imposibilita el rastreo, según la institución policial.

“Hay que entender que los delincuentes, cuando hacen una llamada de fraude, lo hacen con una dirección IP en Corea del Norte o Afganistán, pero evidentemente lo hacen desde Costa Rica”, afirmó el jerarca del OIJ.

Para Raúl Lacayo, jefe de Seguridad del Banco Popular, es necesario adoptar tecnologías de inteligencia e investigación para la persecución de ciberdelincuentes y tener un impacto en la merma de la impunidad.

Desde el Banco de Costa Rica (BCR) se argumentó que la vigilancia en las transacciones de los clientes, uso de prácticas seguros y la colaboración con las autoridades policiales son las maneras de combatir este flagelo.

Por su parte, el director del OIJ consideró que se requieren reformas legales para ejecutar operaciones digitales encubiertas en el combate de los delitos de fraudes informáticos.

* Colaboró el periodista Gustavo Ortega.