EscucharLas cámaras de Comercio de Costa Rica (CCCR) y de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) hicieron este 9 de febrero un llamado a las autoridades del Gobierno y la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto de ley que ayudaría a paliar los altos costos de los traslados de contenedores.
El proyecto Valor del flete de mercancías contenerizadas que se transporte por vía marítima (expediente No. 22.770), calificado por ambos gremios empresariales como “sencillo pero sólido técnicamente”, permitiría a la Dirección General de Aduanas (DGA) usar como valor de flete los precios del 2019, en lugar de los elevados costos de los últimos meses, algunos de ellos 200% más que los valores propuestos en el texto legislativo.
“Desde la Cámara de Comercio lamentamos haber perdido la oportunidad de ser ejemplo en la región, puesto que Honduras se nos adelantó con una reducción del 75% del costo de los fletes”, manifestó Julio Castilla, presidente de la CCCR. Y agregó: “Aún estamos a tiempo de no perder la oportunidad de ‘paliar’ aunque sea parcialmente, el alto costo de los bienes importados. Nunca es tarde si la dicha es buena, y los ciudadanos lo agradecerán”.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado y obtuvo la aprobación de la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos el 22 de diciembre anterior, luego de diferentes consultas a los ministerios de Hacienda, y de Economía, Industria y Comercio; la Contraloría General de la República y el Banco Central de Costa Rica.
También se consultó a la Asociación de Agentes de Aduanas de Costa Rica (dos veces) y a las cámaras de Agricultura, y de Industrias, y a las mismas Crecex y CCCR, según consta en la información sobre la tramitación del proyecto, que plantea reducir el impacto del incremento del costo de transporte de mercancías debido a la crisis de contenedores, para lo cual se establecerían valores fijos de referencia para los fletes de mercancías en lo concerniente al cálculo de impuestos.
La base imponible de los derechos y tributos a la importación se determinaría con base en el valor de referencia del flete declarado de puerto a puerto según los datos registrados durante 2019. Originalmente, se plantea que tales valores de referencia tendrían vigencia hasta el 30 de junio del 2022, con opción para dos prórrogas de seis meses cada una.
Algunas estimaciones de las empresas asociadas a las cámaras indican que el impacto de la aprobación de la iniciativa en el precio final al consumidor podría ser de entre 15% a 40%.
Costos siguen al alza
Los empresarios señalan que la iniciativa es necesaria ante el aumento en los precios de los fletes marítimos internacionales, que se mantienen altos y no se espera que bajen significativamente durante este 2022. En lo que va del año, el precio promedio internacional del transporte marítimo de un contenedor se ha mantenido por arriba de los $9.000, cerrando en $9.660 el 4 de febrero (último dato disponible), según los datos del Freight Rate Index, un índice global de carga de contenedores.
Las cámaras advirtieron de que las cifras son hasta siete veces mayores a las existentes previo a la pandemia, cuando el precio internacional del contenedor oscilaba entre $1.300 y $1.400. Además, subrayaron que la realidad de los precios cambia según la región: el precio del transporte de contenedores que viajan de China a Norteamérica se encuentra entre $15.000 y $17.000; y al desplazarse a países como Costa Rica, el monto puede llegar a los $20.000.
Tanto la CCCR como Crecex indicaron que tras haber alertado a las autoridades sobre esta situación, se presentó una propuesta para ponerle un techo al componente de flete en el cálculo de los impuestos de los bienes importados y que si bien la respuesta gubernamental fue tardía, se presentó a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, “lamentablemente hasta el día de hoy, la solución aún no se concreta”.
En diciembre pasado los importadores advirtieron del retroceso en los costos de fletes, después del alza récord sufrida en setiembre, pero que esto no significaba ninguna estabilidad en los precios y menos de una baja respecto a los valores observados a inicios del 2020.
Los gremios empresariales acusaron que, desde el dictamen en comisión al final del 2021, el proyecto no se aprueba y acusó de falta de interés al Poder Ejecutivo y los legisladores. “Esperamos que no existan intereses particulares que se anteponen a los intereses de la mayoría de las personas, porque no encontramos justificación para el freno que se le ha dado a esta iniciativa tan positiva” afirmó José Antonio Salas, presidente de Crecex.
El proyecto de ley, sin embargo, no se encuentra entre los convocados a plenario legislativo. El 14 de diciembre de 2021, Casa Presidencial amplió la convocatoria a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, “para reforzar el trabajo de las comisiones legislativas”, contemplando 45 proyectos de ley en las áreas de atención a poblaciones vulnerables, salud mental, penalización de crímenes de odio y temas territoriales comunales, entre otros. El proyecto 22.770 no se encontraba entre las iniciativas incluidas.
Al finalizar el periodo de sesiones extraordinarias, en enero anterior, el Ejecutivo informó de que de los 219 proyectos planteados a la Asamblea Legislativa fueron aprobados 38 en segundo debate, 33 en primero y 29 en comisiones.
La Presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, indicó que a la fecha el dictamen de la comisión sobre el expediente No. 22.770 no ha ingresado a la Secretaria del Directorio, por lo tanto no puede ingresar al orden del día del plenario, por lo que aún no se encuentra en la lista de proyectos por conocer. “Una vez que ingrese al orden del día, su votación dependerá de la priorización que hagan las jefaturas de fracción”, explicó Hernández.
La Ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, indicó que el Poder Ejecutivo presentó esta iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa y que propició los acercamiento de los diputados y sectores para atender las diferentes observaciones, con el fin de que tenga una tramitación expedita y viabilidad política.
“El proyecto sigue en trámite legislativo, y por tanto está en las manos de las y los diputados. Esperamos que sea priorizado en la agenda de posposición en el Plenario y aprobado con prontitud”, afirmó Dinarte.
Nota de redactor: Información actualizada 10 de febrero a 3:20 p. m.
