Óscar Rodríguez. 27 mayo
El presidente de la República, Carlos Alvarado, muestra el documento que firmó para dar vida a la alianza público-privada con Horizonte Positivo. Le acompañan (de izquierda a derecha) Alan Saborío, director de la organización; la ministra de Economía, Victoria Hernández; el ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier; y José Rossi, presidente de Horizonte Positivo. Foto: Cortesía Casa Presidencial.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, muestra el documento que firmó para dar vida a la alianza público-privada con Horizonte Positivo. Le acompañan (de izquierda a derecha) Alan Saborío, director de la organización; la ministra de Economía, Victoria Hernández; el ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier; y José Rossi, presidente de Horizonte Positivo. Foto: Cortesía Casa Presidencial.

Costa Rica cuenta con más de 18.000 leyes, 4.000 trámites, miles de decretos, 250 reglamentos técnicos y circulares internas que imponen una maraña de procesos a ciudadanos y empresas cuando acuden a una entidad del sector públicos.

Para comenzar a modificar esta realidad, el Gobierno se impuso como primera meta de eliminar y reducir los trámites innecesarios en 25 instituciones públicas, en un plazo de 24 meses, mediante el programa Costa Rica Fluye.

Para lograr su cometido, el Poder Ejecutivo firmó una alianza público-privada con la asociación empresarial, sin fines de lucro, Horizonte Positivo que definirá una nueva metodología de simplificación de trámites en el país.

Durante los próximos cuatro meses, se elaborará un diagnóstico y una estrategia en las instituciones seleccionadas para implementar el plan.

En la segunda etapa, cuyo plazo es de 20 meses, se procederá con la aplicación de la herramienta de análisis de los trámites en cada una de las entidades para reducir los trámites existentes.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, comentó que la actual pandemia de covid-19 hace más relevante el uso de nuevas herramientas tecnológicas que permitan avanzar al país.

Alvarado afirmó que el país tiene la capacidad de hacer cosas excepcionales, en poco tiempo.

Sostuvo que así quedó demostrado con la implementación del programa y plataforma del Bono Proteger para atender las necesidades económicas de 900.000 trabajadores afectados económicamente por la pandemia.

“Costa Rica Fluye es una alianza público-privada para agilizar al país en materia de tramitología. Uno lo dice así y suena hasta aburrido, pero no lo es. Esto cambiará las reglas del país”, afirmó el Presidente.

La idea es trabajar en grupos de cinco instituciones, cada cuatro meses, y contar con los primeros resultados del proyecto en un plazo de un año, explicó Alan Saborío, director de Horizonte Positivo y coordinador del programa.

Saborío enfatizó que el objetivo es alcanzar resultados concretos antes de un año y legar una metodología de trabajo, sistemas de información y digitalización, para darle sostenibilidad a este esfuerzo.

El proyecto cuenta con un presupuesto de $2,5 millones. Una parte será aporte estatal y la otra donación de empresas, dijo André Garnier, ministro coordinador con el sector privado.

“Son constantes las quejas contra las reglas inútiles y hasta ridículas. Hay contradicciones, inconsistencias y complejidades innecesarias de requisitos. Además de una amplia discrecionalidad en fijar plazos y tasas. Así como incluir documentos anexos adicionales”, recalcó Garnier para describir el problema existente.

La iniciativa Costa Rica Fluye se ejecutará en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

“Vemos una gran oportunidad, no solo por el trabajo conjunto, sino para el buen desempeño de los negocios del país y la generación de fuentes de empleo, gracias a la reducción de los cuellos de botella que encuentran los ciudadanos en las instituciones”, afirmó Victoria Hernández, jerarca del MEIC.

La preparación del proyecto Costa Rica Fluye llevó casi dos años, período durante el cual se estudió el problema a profundidad, se definieron los objetivos, la metodología, y se estableció la gobernanza apropiada, así como la identificación de fuentes de financiamiento.