El costo real del seguro obligatorio para los más de 1,5 millones de propietarios de vehículos y a los patronos por la protección de los empleados en accidentes laborales es uno de los principales escollos que tiene la propuesta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en caso de que asuma las pólizas solidarias mediante una reforma legal.
La otra duda en la iniciativa es el proceso de fiscalización que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) debería ejercer sobre la Caja. Las pólizas de Riesgos del Trabajo (RT) y el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), ambas administadas por el Instituto Nacional de Seguros (INS), son productos en competencia y son regulados.
Tomás Soley, jerarca de la Sugese, y Guillermo Constenla, expresidente ejecutivo del INS, fueron quienes señalaron los posibles problemas a futuro en caso de que, una decisión política, modifique las leyes para modificar la institución pública que administra las pólizas.
“El análisis debe ser integral. No es posible efectuar un estudio parcial pensando en que me traigo estos ingresos y punto, sino lo que implica gestionar esos dos seguros. Es muy diferente a lo que hace el Seguro Social”, recalcó Soley.
Constenla fue tajante y consideró la iniciativa como un error, pues significará un retroceso para los asegurados del RT y el SOA.
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“La Caja está congestionada, tiene grandes vacíos en la cantidad enorme de cosas que debe atender y pierde recursos por mala administración. Nada de eso ocurre en el INS porque la atención se planificó, entonces mi opinión es que los seguros obligatorios los maneje el INS porque lo hace bien”, afirmó el exjerarca.
La Junta Directiva de la Caja recibió, en setiembre anterior, una recomendación formal de su Dirección Actuarial para promover reformas legales que le permitan asumir el SOA y el RT, en parte porque la institución ya asume costos de ambas pólizas.
El estudio Impacto en la sostenibilidad del Seguro de Salud por el traslado de los riesgos excluidos: riesgos del trabajo y accidentes de tránsito concluyó que administrar los seguros obligatorios tendría un efecto positivo en las finanzas del seguro de salud, pues elevaría el superávit del régimen y ayudaría a revertir su desequilibrio.
El seguro de riesgos del trabajo es una póliza con la cual todo patrono, empresa o persona física debe asegurar a sus empleados contra accidentes. El precio se define con base en la siniestralidad de cada actividad económica y se cobra un porcentaje del costo de la planilla de cada empresa.
Mientras que el SOA es una póliza que cubre a los ciudadanos en caso de accidentes, como atropellos o colisiones. No requiere de una declaración de las partes para que el lesionado puede optar por la cobertura de este seguro. Los propietarios de vehículos la pagan de manera anual en el marchamo.
Cálculo somero
Soley explicó que para efectuar la estimación del costo de la prima de ambas pólizas se debe contar con mucha información sobre la siniestralidad y, justificar el costo de atención médida para los usuarios del seguro de manera técnica.
“Aquí no es cobrar lo que sea y meterlos ahí en la cola para ver cuándo los atiende. El país ha logrado un esquema donde los lesionados tienen una atención. En el RT hablamos de 100.000 accidenes por año y el SOA son 26.000 personas las lesionadas, esto generaría una congestión enorme a los servicios de salud de la Caja”, destacó el jerarca.
El Superintendente también mostró dudas en si la CCSS tendría la capacidad de determinar el costo de la atención médica para un asegurado de las pólizas obligatorias, parámetro clave para calcular la prima. Mencionó, a modo de ejemplo, que en el tarifario de la Caja la noche de atención médica supera por mucho la del INS y de un hospital privado.
Del lado de la supervisión, el temor del funcionario es que la Caja es una institución autónoma difícil de fiscalizar, pues es la experiencia de años de la Superintendencia de Pensiones (Supén) con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Por su parte, Constenla añadió que en Riesgos del Trabajo los gastos no se estiman solo de manera anual, pues la póliza soporta asegurados con indemnizaciones permanentes debido a las lesiones sufridas en accidentes laborales.
“Sinceramente algo que funciona bien, creo que no lo deberíamos cambiar a donde podría empezar a funcionar mal”, subrayó el exjerarca del INS.
En el estudio de la Caja, para fundamentar su propuesta, se reconoce que en los cálculos no fue posible determinar con claridad los gastos futuros por la atención médica de los pacientes de ambas pólizas.
Sin embargo, se destacó que los ingresos percibidos por el INS, en ambas pólizas, superan los gastos en que incurre la aseguradora por los siniestros presentados.