El Banco Central de Costa Rica (BCCR) criticó el encarecimiento de la producción nacional que generan los altos costos de la regulación empresarial.

Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, fue quien expresó que los factores para producir se hicieron muy caros.

Además, consideró urgente, durante una actividad de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), aprobar reformas estructurales para reducir dichos costos.

En una respuesta por escrito dada a La Nación, el BCCR señaló, en detalle, cuáles son los principales obstáculos que la regulación plantea al sector empresarial.

Para fundamentar sus cuestionamientos, la entidad citó tres diferentes estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el más reciente es de julio del 2020; así como el informe Doing Business 2020, del Banco Mundial.

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El ente emisor subrayó que los obstáculos en el exceso de la regulación del país generan una pérdida en la competitividad.

El BCCR destacó que establecer una compañía en Costa Rica resulta más oneroso que en los países latinoamericanos miembros de la OCDE, es decir, Chile, Colombia y México.

“La OCDE estima que el costo de establecer una compañía de propiedad personal sin empleados es de poco más de $300 en Costa Rica, mientras que el promedio para países de la OCDE es de alrededor de $100 en promedio, y prácticamente cero en Chile y México”, destacó el Central.

El uso obligatorio de un notario para el registro de las compañías es lo que encarece el proceso, según el informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020.

Otros requerimiento, poco frecuente en miembros de la OCDE, son las certificaciones de cumplimiento con obligaciones tributarias y de seguridad social, para poder efectuar trámites ante instituciones públicas.

“Las cargas administrativas son igualmente costosas en tiempo y dinero. Para establecer una compañía en Costa Rica se debe contactar seis instituciones, en comparación con un promedio de dos para la OCDE y de solo una en Chile”, afirmó el ente emisor.

Para el presidente del BCCR, muchos de estos obstáculos se reducirían de manera significativa si se impulsara la digitalización del gobierno.

“La digitalización es fundamental para reducir los costos de transacción entre el ciudadano y el Gobierno”, afirmó Cubero.

El jerarca destacó que el exceso de procesos ante entidades públicas está entre los obstáculos que impiden alcanzar su tasa de crecimiento económico potencial, que se estima en 3,5% del producto interno bruto (PIB).

De hecho, el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos calculó que si Costa Rica adoptara reformas en su regulación de los mercados de productos tendría una ganancia, a largo plazo, de 5,1% en su PIB per cápita; del 2,8% en la productividad, y de 1,4 puntos porcentuales de impulso en el nivel de empleo.

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Pilar Garrido, jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), reconoció que se debe agilizar el clima de negocios local para impulsar su crecimiento.

“No es solo modificar trámites, sino una mejora regulatoria vinculada con requerimientos específicos de la economía. Por ejemplo, empresas que requieren cierto nivel de flexibilización de no cargar a la planilla las cargas sociales”, admitió Garrido.

Al cierre del 2020, Costa Rica contaba con casi 70.000 empresas formales registradas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El 75% de estas compañías eran catalogadas como microempresas, es decir, que tenían de uno a cinco empleados asegurados en la CCSS.

Más debilidades

Para ejemplificar otras debilidades, el BCCR señaló la evaluación recibida por el país en su facilidad para hacer negocios, según el informe Doing Business 2020, elaborado por el Banco Mundial.

La entidad monetaria señaló que aquí toma 23 días y 10 diferentes trámites, para abrir un negocio.

De hecho, Costa Rica ocupó el año pasado el puesto 144, entre 190 países, en dicha categoría. Es el peor puesto en el ranking elaborado por el Banco Mundial.

La resolución de insolvencia es otro de los indicadores en los que el país sale peor calificado.

“En Costa Rica, hacer cumplir contratos en tribunales toma un promedio de 852 días y cuesta 24,3% del valor reclamado, en comparación a los 589,6 días y 21,5% para países de la OCDE”, señaló el Banco Central.

La entidad calificó de “mediocre” el desempeño del país en operaciones de logística para la importación y exportación de bienes.

Por ejemplo, el tiempo en frontera para el ingreso de un bien al territorio nacional es de 80 horas, en promedio, frente a las 10 horas que se tarde, en promedio, en las naciones de la OCDE.

El estudio del organismo multilateral, de julio del 2020, también señaló que las tarifas de los servicios públicos brindados por empresas estatales, en condiciones de monopolio, restan competitividad a Costa Rica.

La razón es que cualquier aumento de costos siempre se traslada al consumidor, pero no se incentivan las mejoras en la productividad de las compañías públicas.