Con este respaldo, el pleno se distancia del planteamiento recogido en el borrador elaborado por el ponente del informe en la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento, el eurodiputado ‘popular’ Fernando Navarrete, que planteaba priorizar una versión offline y condicionar la funcionalidad en línea a que el mercado privado ofreciera una solución europea soberana en materia de pagos.
Aunque la votación no sustituye al procedimiento legislativo formal, que sigue en curso y deberá culminar con un acuerdo entre Parlamento y Consejo, el resultado ofrece una primera indicación del equilibrio político de cara al debate previsto en primavera sobre el reglamento que establecerá el marco jurídico del euro digital.
El Consejo de Gobierno del BCE decidió recientemente avanzar a la siguiente fase del proyecto tras concluir el periodo preparatorio iniciado en noviembre de 2023, si bien ha reiterado que la decisión final sobre su emisión dependerá de la adopción de la legislación correspondiente, previsiblemente antes de que acabe el año.
Si los colegisladores alcanzan un acuerdo este año, el organismo monetario prevé realizar pruebas piloto a partir de mediados de 2027, con el objetivo de que el Eurosistema esté preparado para una posible primera emisión en 2029.
Complemento del efectivo
La institución sostiene, no obstante, que el euro digital no sustituirá al efectivo, sino que lo complementará, preservando la libertad de elección y la privacidad de los ciudadanos, contribuyendo a reforzar la soberanía monetaria europea, al reducir la dependencia de proveedores de pagos no europeos en un contexto de creciente digitalización.
“El efectivo es y seguirá siendo dinero de curso legal. Pero en un mundo cada vez más digitalizado necesitamos poder pagar en todas las circunstancias. Si no establecemos ahora un marco europeo claro, seguiremos dependiendo de proveedores no europeos, y eso no es soberanía”, señaló este lunes la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la presentación del informe anual del banco anteel pleno de la Eurocámara.
En su intervención, Lagarde subrayó además que el euro digital se apoyará en una infraestructura plenamente europea y que, por diseño, el banco central no tendrá acceso a los datos personales de los usuarios, garantizando “el más alto nivel de privacidad” y permitiendo realizar pagos con un grado de confidencialidad similar al del efectivo.
La presidenta del BCE defendió también que la nueva herramienta contribuirá a reducir costes para los comercios, especialmente los de menor tamaño, y facilitará que los proveedores europeos de servicios de pago puedan ofrecer soluciones en toda la zona euro, reforzando la integración del mercado.
