Entre laderas, márgenes de ríos y bordes urbanos, cientos de miles de personas han encontrado en los asentamientos informales un refugio para vivir. Estas comunidades no solo crecieron como respuesta a las dificultades para acceder a una vivienda digna, sino que hoy reflejan una de las caras más visibles del problema habitacional que aqueja a Costa Rica.
Respecto a esta realidad, durante 2025 se identificaron 48.993 personas más que residían en estas comunidades en todo el país.
El dato se desprende del informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025, divulgado el pasado 20 de agosto. El estudio fue elaborado por el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y Gestionando Hábitat.
El capítulo quinto del informe, dedicado al análisis de las comunidades informales en el país, señala que para determinar las características y cambios en estas comunidades se validaron 572 asentamientos. Para ello, los investigadores utilizaron datos proporcionados por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), con corte al 23 de julio de 2026.
Los hallazgos estiman que 232.600 personas residen en este tipo de localidades, donde también se contabilizan 70.692 viviendas distribuidas en 64 cantones y 164 distritos.
Según el estudio, estas cifras representan casi 49.000 personas más que las estimadas en el 2024, un incremento del 27%, y 10.300 viviendas adicionales, equivalentes a un 17%.
Uno de los investigadores líderes del estudio explicó a La Nación que la diferencia responde principalmente a cambios metodológicos aplicados en el estudio. No obstante, advirtió que el informe evidencia las dificultades que enfrenta el Estado para determinar con precisión el tamaño de esta población.
“(...) La informalidad residencial constituye un fenómeno de alcance nacional, cuya presencia trasciende los principales centros urbanos”.
— Informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025.
¿Qué es un asentamiento informal?
Aunque comúnmente se utilizan términos como “precarios” o “tugurios”, el informe advierte que estas palabras pueden invisibilizar diferencias entre situaciones de extrema precariedad, comunidades en proceso de consolidación y barrios con carencias específicas.
El documento señala una definición de asentamientos informales como aquellos donde las edificaciones se ubican en terrenos ocupados por personas que carecen de tenencia legal del suelo o de los inmuebles. En otras palabras, la informalidad está relacionada con formas de acceso y ocupación de terrenos que ocurren al margen de los mecanismos legales de tenencia.
Sin embargo, el informe también destaca la distinción institucional en el país entre asentamientos informales consolidados, que presentan cierto grado de permanencia y organización pese a sus condiciones inadecuadas, y asentamientos irregulares, donde existe tenencia legal del suelo, pero el desarrollo urbano se realizó sin cumplir las normas de fraccionamiento, urbanización o construcción.
La realidad que muestran los datos
Según detalla el informe, el Registro Nacional de Asentamientos Informales (RNAI), en proceso de actualización con apoyo de las estimaciones del Censo 2022, modificó sus cifras respecto al registro anterior.
Estas pasaron de 183.607 personas y 60.354 viviendas en 576 asentamientos en el 2024 a 232.600 personas y 70.692 viviendas en 572 localidades, distribuidas en 64 cantones y 164 distritos.
Es decir, pese a que el Mivah reportó menos asentamientos informales, la cantidad de personas en estos se actualizó al alza.
No obstante, aunque la diferencia equivale a unas 49.000 personas y más de 10.000 viviendas, el informe pide cautela al interpretar estos datos, pues el incremento no implicaría necesariamente una expansión de la informalidad. Según el documento, responde principalmente a mejoras metodológicas para captar lainformación y a otros factores.
“Las diferencias observadas no pueden atribuirse directamente a un crecimiento del fenómeno, pues responden tanto a transformaciones propias de los territorios como a los distintos momentos, fuentes, delimitaciones y metodologías utilizadas para registrarlos”, explica el informe.
La Nación solicitó al Mivah el histórico de asentamientos informales entre 2020 y 2025. No obstante, la institución no remitió la información requerida y el director de Vivienda y Asentamientos Humanos, Manuel Morales, se limitó a señalar que “los datos se han mantenido estables” durante esos años.
“Durante 2025 y 2026, el MIVAH ha trabajado con el INEC en la consolidación del Registro Nacional de Asentamientos Informales, con el propósito de contar con una fuente oficial, georreferenciada, interoperable y actualizable periódicamente”.
— Manuel Morales, director de Vivienda y Asentamientos Humanos del MIVAH.
‘La población de los precarios es dinámica’
Franklin Solano, sociólogo e investigador del estudio, explicó a este diario que el aumento identificado no necesariamente significa que haya más personas viviendo en estas comunidades, pues una parte de la diferencia responde a una mejor identificación de las familias que las habitan.
“Un crecimiento significa que ahora hay más familias. (...) Ahora se identifican mejor”, afirmó.
Según Solano, medir estos lugares resulta complejo porque su población cambia constantemente. Una familia puede recibir un bono de vivienda, por ejemplo, y trasladarse, pero la vivienda que deja puede ser ocupada, vendida o alquilada a otra persona.
Por eso, una reubicación no significa necesariamente que el asentamiento desaparezca. El investigador señaló que esta dinámica dificulta la erradicación de estas comunidades.
Solano explicó, además, que en proyectos de vivienda en los que ha participado se informaba con anticipación a las municipalidades sobre la reubicación de las familias para que tomaran medidas en los terrenos. Sin embargo, después de los traslados, otras personas volvían a ocuparlos y el asentamiento se mantenía en el tiempo.
Para el investigador, esta situación evidencia la necesidad de coordinación entre las instituciones involucradas y los propietarios.
“Aunque es posible reconstruir parcialmente las acciones desarrolladas sobre algunos asentamientos, no existen instrumentos sistemáticos para actualizar de forma continua la información disponible ni para dar seguimiento a sus procesos de transformación”, señala el informe.
“En consecuencia, resulta difícil valorar en qué medida la inversión de recursos públicos ha modificado efectivamente las condiciones que dieron origen al asentamiento, prevenir la reocupación de las áreas liberadas o identificar la consolidación de nuevos procesos de ocupación informal”, agregó.
