Tributación evalúa pedir a EE. UU. datos de anfitriones de Airbnb en Costa Rica

San José

La Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda explora la opción de solicitar a la administración tributaria de los Estados Unidos (EE. UU.), la información de los anfitriones inscritos en la plataforma digital Airbnb que operan en Costa Rica.

Esta petición se haría este 2017, en caso de que la empresa de intermediación de hospedaje se rehúse a brindar los datos.

Así lo confirmó el director general de Tributación, Carlos Vargas, quien explicó que la entidad requiere registrar a las personas que alquilan alguna propiedad en el país, es decir, a quienes son realmente los contribuyentes directos, para poder imputarles el pago de impuestos.

Esto Hacienda lo haría mediante la aplicación de los convenios internacionales de intercambio de información que tiene vigentes con otras administraciones tributarias, en caso de que no llegue a un acuerdo con la empresa Airbnb para que le facilite la información de sus usuarios en Costa Rica.

Airbnb es una plataforma para publicar, descubrir y reservar viviendas privadas en diferentes partes del mundo. Fue fundada en el 2008 y su sede se encuentra en San Francisco (California).

Por medio de ella los anfitriones ponen a disposición de los demandantes, habitaciones dentro de su domicilio o incluso propiedades completas para alquilar.

En agosto del 2016, Shawn Sullivan, director de Políticas Públicas de Airbnb para Centroamérica y Caribe propuso, en una reunión con Vargas y el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, recaudar y transferir el impuesto de ventas sobre las transacciones que se realicen en el país mediante la plataforma digital.

En ese momento, los representantes de Hacienda le solicitaron la información de todos los anfitriones en Costa Rica. Empero, Sullivan enfatizó en que eso no es posible por políticas de protección de datos personales que debe cumplir la firma con sus usuarios, tanto para arrendadores como para huéspedes.

Ante esto, Vargas indicó que, como entidad, están sujetos al principio de legalidad y no pueden hacer nada más allá de lo que la ley les permite, y ese tipo de figura propuesta por Airbnb no está contemplada dentro de la ley vigente.

La plataforma Airbnb cuenta con opciones de hospedaje en montañas, playas y ciudades, y los precios dependen del sitio y tipo de instalación que requiera el visitante.

"Desde ese punto de vista se nos dificulta bastante establecer alguna obligación de un tercero no autorizado expresamente para que nos pague el impuesto de renta. Nosotros tendríamos que registrar a las personas que son realmente los contribuyentes e imputar ese pago a esos anfitriones. Si nosotros no tenemos la información, ¿cómo imputamos ese pago? Porque, eventualmente, si después hay que hacer alguna actuación de control no tenemos a quién dirigirnos, entonces no es así de sencillo el tema", manifestó el funcionario.

Vargas enfatizó que es importante conocer el responsable de cada localidad alquilada en Costa Rica porque después, por ejemplo, hay algún problema relacionado con créditos o saldos a favor de Hacienda o a favor del contribuyente y la entidad necesita tener cómo identificar e imputar los pagos.

Sullivan externó que no se ha comunicado ni reunido con representantes del Gobierno de Costa Rica en busca de un acuerdo de recaudación de impuestos desde esa reunión, en agosto del 2016.

Agregó que como representante de la firma insta a todos los anfitriones de Airbnb a que cumplan con la ley y paguen los impuestos de renta como deban hacerlo.

"Yo insto y espero a que todos los anfitriones cumplan con el pago de sus impuestos y estén al día con las leyes que deben cumplir en Costa Rica, pero eso no lo podemos verificar. Debemos proteger los datos personales de nuestros usuarios y no podemos brindar la información que nos solicita el Gobierno, lo que podríamos hacer es mandar un correo a todos nuestros anfitriones y comunicarles de que deben de cumplir con la ley", manifestó Sullivan.

El director de Tributación recalcó que la protección de datos personales a los que se refiere la compañía no aplica para efectos tributarios.

"En realidad la información tributaria lo que busca es tener información para poder controlar y gestionar adecuadamente los recursos que son de todos los costarricenses, en ese tema sí hemos tenido tanto en la aplicación de la ley como en diversas resoluciones la claridad en cuanto a que no aplica este tema", señaló Vargas.

Sullivan dijo que el mecanismo de recaudación propuesto por Airbnb es aplicado en 300 ciudades en diferentes partes del mundo en este momento. La más reciente en unirse al método fue el Distrito Federal de México, que la semana pasada logró el acuerdo de recaudación mediante la plataforma.

De tal forma, la firma recauda de manera digital el impuesto (similar a como lo hacen los hoteles) cada vez que un usuario reserva; así paga el costo de la estadía y el impuesto de renta en la misma reservación.

Tributación aseguró que si no llegan a un acuerdo lo antes posible con Airbnb, inicialmente estarían planteando qué deben hacer a nivel de requerimientos para ejecutar la solicitud de información de contribuyentes a las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos.

"Así como de afuera nos piden información de contribuyentes nuestros, pues igual nosotros le estaríamos pidiendo a ellos (Gobierno EE.UU.) que nos soliciten la información por otras vías si finalmente Airbnb se niega a entregar la información", enfatizó Vargas.

Los requerimientos de información a nivel internacional tienen un proceso que no es muy ágil, hay que hacer el planteamiento, después fundamentarlo en exposiciones locales, casos que puedan estar en proceso e igualmente la administración requerida, o sea quien recibe la solicitud tiene un proceso a lo interno que puede llevarles entre 90 y hasta 180 días para poder analizar y ver si pueden suministrar o no la información.

La ley

En enero de este año, Hacienda anunció, como parte de la entrada en vigencia de los cambios a la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (N.° 9416), la introducción de un ajuste en la legislación del impuesto general sobre las ventas donde aclara que, tratándose de alquileres de menos de un mes, estos se consideraban un arrendamiento sujeto al pago del impuesto sobre las ventas.

A partir de eso, la Dirección de Tributación asegura que se comunicó con algunas empresas que canalizan la actividad de todas las personas que realizan algún tipo de actividad de arrendamiento de bienes inmuebles, indicándoles la importancia y la necesidad de que estos se pusieran al día así como que cumplieran con sus obligaciones.

La ley la debe cumplir cualquier persona que alquile un bien inmueble por menos de un mes. Es decir, deben reportar a Tributación la actividad económica tanto los arrendadores mediante Airbnb como aquellos que utilicen cualquier otro canal.

El reporte de la cantidad de arrendadores que reportan a Tributación viene en crecimiento y tan solo de enero a abril de este año la cantidad pasó de 2.017 a 2.142.

No obstante, solamente Airbnb dice tener 7.700 anfitriones en Costa Rica y el promedio que cada anfitrión gana es de $2.600 al año.

Sin embargo, Hacienda no puede determinar cuántos de los que reportan en este momento dicha actividad económica utilizan o no la plataforma.

Aproximadamente, 260.000 visitantes utilizaron Airbnb en Costa Rica durante los últimos 12 meses, y el anfitrión típico alquila su propiedad 23 días al año, informó el vocero de la firma.

Asimismo, más de 105.000 costarricenses usaron Airbnb tanto en Costa Rica como en el exterior como opción de hospedaje.

Airbnb no reporta una baja en la cantidad de anfitriones en los primeros cuatro meses de este 2017, tiempo que lleva de regir la ley, y su representante para Centromérica no espera un impacto a la baja respecto a la cantidad de anfitriones con los que cuenta.

"Airbnb es parte de la economía colaborativa y muchas personas que no pueden pagar un hotel o precios muy altos lo buscan como una buena alternativa de hospedaje en los países", resaltó Sullivan.

De momento el método con el que trabaja Hacienda es el llamado a que por voluntad propia todos los arrendadores de cualquier bien inmueble por menos de un mes, ya sea de Airbnb o no, cumplan con la ley.