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Pierre Lambot, dueño de la empresa de energía Purasol, despidió a diez de sus empleados en el 2015 pero este año espera redoblar su planilla a punta de nuevos proyectos de energía solar, principalmente en instalación de paneles.
En el nuevo panorama jurídico, ya existe un reglamento del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para que los dueños de paneles puedan enviar la energía generada (la que no usen inmediatamente) a la red pública y, luego, descargarla si la vuelve a necesitar.
Además, en abril, la Aresep dejará en firme la metodología para calcular esa tarifa que pagarán las personas jurídicas y físicas por descargar la potencia que anteriormente le había cargado a la grilla eléctrica.
A ese proceso se le llama autogeneración distribuida y se mantuvo prácticamente un año en un limbo legal que desestimuló la inversión, a pesar de que los paneles son más baratos.
Ello despeja el cielo nublado que vivieron los empresarios como Lambot en el 2015.
Cuando se acabó el plan piloto con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las empresas que se formaron para vender e instalar paneles quedaron sumidas en un mar de inseguridad jurídica en que los peces querían picar, pero no se atrevían.
“Desde hace casi un año, estamos acumulando una lista de clientes que nos han manifestado interés. Una vez que tengamos la tarifa de acceso, podremos volver con algo concreto para ellos”, dijo Lambot.
Acesolar, que agrupa a empresarios y promotores del uso de energía solar en el país, también espera que el sector resucite a partir de los nuevos acuerdos con las instituciones.
“Muchas que estábamos en pausa, nos estamos rearmando e incrementando la fuerza de venta”, dijo Harold Steinvorth, uno de los miembros del grupo.
Por ahora, buena parte del sector se enfocará en fábricas pequeñas y mipymes, pues creen que la tarifa de acceso resultará un buen negocio para este tipo de emprendimientos y no para grandes industrias.
Otros empresarios, como Mauricio Rojas, de GBT, creen que el mercado debe diversificarse y no limitarse a vender paneles para llegar a grandes industrias.
¿Qué falta? Queda pendiente la negociación de los contratos con los distribuidores, proceso que también debe finiquitar el Minae este año y que debería uniformar las condiciones para todas las regiones, sin importar si es el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) o alguna empresa de servicios públicos la encargada de esa distribución.
Para los empresarios, también es necesario estimular el financiamiento para estas alternativas por parte de los bancos.
Algunos como Promérica y el BAC San José cuentan con planes específicos para la compra de soluciones verdes para el hogar. El Banco Nacional, por su parte, ofrece créditos con facilidades para mipymes “verdes”.
