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El Gobierno promueve abrir una nueva entidad con la que intentaría subsanar insuficiencias y trabas en los más de 100 planes que operan en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
“La institucionalidad existente nos deja vacíos importantes en la implementación de los programas”, reconoció la viceministra de Economía, Geannina Dinarte, luego de presentar, este miércoles, el proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado.
La iniciativa, ahora en consultas, es impulsada por los ministerios de Economía, Industria y Comercio (MEIC); el de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; el de Agricultura y Ganadería, y el de Comercio Exterior.
La agencia funcionaría como un órgano semiprivado (donde el personal estaría fuera del régimen de Servicio Civil y tendría agilidad para contrataciones), al igual que lo hace la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Además, fusionaría presupuestos y funciones de diversos programas, contando con $35 millones para emprendedores.
Los costos operativos, explicó Dinarte, se financiarían con los ahorros generados por la reestructuración de las entidades que manejan esos planes y mediante la administración de recursos.
Para lograrlo será necesario reformar varias leyes, incluida la de Banca para el Desarrollo. Algunos órganos, como la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa (Digemipyme), del MEIC, pasarían a la agencia.
La entidad tendría, por ejemplo, una ventanilla única para la inscripción de este tipo de empresas que, en el caso de las mipymes, representan el 95% del parque empresarial.
Dispersión actual. La necesidad de contar con una agencia como esta se justifica debido a la dispersión de los actuales programas.
Dinarte explicó que hay restricciones legales que impiden la articulación de las entidades. Ejemplificó que el MEIC no puede apoyar emprendimientos del agro porque sus competencias son en industria y comercio. Para hacerlo, debe esperar que la compañía se industrialice.
Agregó que, incluso cuando ese ministerio dicta políticas como ente rector que es, el resto de instituciones no necesariamente las sigue, por ser autónomas.
En el caso del sector empresarial, se reconoce la necesidad del cambio, aunque con reservas.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, expresó que revisarán el borrador, en especial lo que tiene que ver con las modificaciones legales al Sistema de Banca para el Desarrollo. Respaldó la idea, siempre y cuando se eliminen duplicaciones.
“Veo la creación de una institución que va a conjuntar diferentes actividades que se realizan individualmente en diferentes entidades y ministerios. Si la agencia sustituye lo existente, enhorabuena”, apuntó Egloff.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz, advirtió de que la agilidad del nuevo ente no puede ir en detrimento de los controles del uso de recursos públicos.
Ronald Jiménez, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), recomendó cuidar que los recursos vayan dirigidos a los emprendedores y no a consultores, así como velar porque se hagan las modificaciones legales.
“La agencia debe ser un detonador del crecimiento de las empresas”, recalcó Jiménez.
