EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el Ministerio de Hacienda presenta deficiencias en el cobro de impuestos. El órgano fiscalizador señaló fallas en la planificación estratégica, la ejecución de los procesos de recaudación y la rendición de cuentas.
Según el informe DFOE-FIP-IAD-00003-2025, publicado el 28 de julio, la Contraloría auditó la gestión del cobro administrativo de los impuestos a cargo de la Dirección General de Tributación (DGT), con el fin de determinar si la planificación, ejecución y evaluación de ese proceso se ajustan al marco normativo vigente.
Entre el 1.º de enero de 2023 y marzo de 2025, la entidad fiscalizadora detectó una deficiencia en la planificación estratégica y operativa del Ministerio de Hacienda, al no estar respaldada en planes estratégicos, tácticos ni operativos, ni contemplar riesgos vinculados con los objetivos definidos.
Esta situación advirtió la Contraloría, limita la capacidad del fisco para definir prioridades y compromete el cumplimiento de los objetivos trazados por la Dirección.
Según el informe, esta instancia ha operado sin un plan estratégico durante el 2024 y lo que va del 2025, además de carecer del Plan Operativo Anual correspondiente al presente año.
El segundo señalamiento corresponde a una “deficiente ejecución del cobro administrativo”. Según la Contraloría, Hacienda omite acciones clave en el proceso y carece de una adecuada gestión de riesgos, lo cual impide recuperar los adeudos tributarios de forma oportuna y completa.
“En cuanto a la ejecución del cobro administrativo, en 102 expedientes de cobro revisados por la CGR, se identifica la omisión de actividades definidas como la realización de llamadas persuasivas, inicio de procedimientos sancionatorios, e integridad del manejo documental”, advierte el oficio.
Según datos de la Contraloría, el 67% de los expedientes analizados no reflejan revisiones en el sistema para actualizar los saldos reales de los deudores.
Además, en el 55% se identificó ausencia de registros sobre gestiones persuasivas, como llamadas; el 58% carece de firma digital o presenta firmas añadidas; el 14% incluye documentos incorporados hasta dos años después del inicio del cobro, y en el 25% no consta la notificación del requerimiento de pago.
De no corregirse, advirtió el órgano fiscalizador, Hacienda enfrenta el riesgo de que la cartera morosa continúe creciendo sin mecanismos efectivos para su recuperación o que aumente el volumen de deudas enviadas a cobro judicial.
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Nogui Acosta: ‘Lo tomamos como lo que es: una propuesta, algo sencillo’
Consultado por La Nación, Nogui Acosta afirmó que el Ministerio de Hacienda detuvo el proceso de planificación señalado por la Contraloría, ya que contaba con asistencia técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que, por “decisiones que se tomaron en el Gobierno”, dicha colaboración se suspendió, lo cual impidió concretar el proceso.
Pese a ello, Acosta indicó que el proceso ya fue retomado y que se avanzará con la elaboración de la planificación.
El jerarca también afirmó que, en la práctica, el Ministerio de Hacienda no gestionaba la cartera morosa antes de la actual Administración Chaves Robles.
“Antes nadie se preocupaba por eso. En el 2024 (...) recuperamos ¢88.000 millones y yo creo que lo que eso refleja es una acción del ministerio en función de gestionar una fuente de ingresos que no se gestionaba antes”, afirmó Acosta.
Además, sostuvo que el Ministerio de Hacienda asume el informe como una propuesta y lo considera un asunto “sencillo” de resolver con los planes que ya se han venido desarrollando.
“Lo tomamos como lo que es: una propuesta, algo sencillo, que resolvemos teniendo los planes que ya de por sí hemos venido desarrollando y que ellos están analizando en un periodo de tiempo en el cual nadie había hecho nada y nosotros sí lo estamos haciendo”, señaló Acosta.
Rendición de cuentas ‘parcial e imprecisa’
La Contraloría advirtió que el Ministerio de Hacienda presentó una rendición de cuentas parcial e imprecisa, al carecer de una evaluación formal de resultados, sin identificar acciones de mejora y con un seguimiento limitado a las metas de recaudación.
Según el documento, esta falta de información confiable y la escasa evaluación dificultan detectar brechas en el cumplimiento de metas de cobro y en la implementación de acciones correctivas.
El órgano contralor agregó que este problema se origina en las inconsistencias de la información generada, lo cual impide un seguimiento efectivo de los indicadores y una evaluación adecuada de los resultados del cobro administrativo que favorezca mejoras en la gestión.
“Estas debilidades afectan la capacidad del Ministerio de Hacienda para recuperar las deudas tributarias, limitando la capacidad de establecer prioridades, generar información confiable para la toma de decisiones y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente“.
— DFOE-FIP-IAD-00003-2025, CGR.
En ese contexto, la Contraloría señaló que Tributación debe garantizar la recuperación oportuna de las deudas tributarias, mediante la inclusión de acciones concretas en sus planes operativos y tácticos.
De no corregirse esta situación, la proyección estratégica de la DGT para recuperar dichos recursos se verá restringida, lo cual afectaría directamente la continuidad de los servicios públicos, las finanzas estatales y la sostenibilidad fiscal del país.
La Contraloría General de la República también señaló que, a abril del 2025, la morosidad alcanzó los ¢589.654 millones, equivalente al 1,15% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año. De esa suma, ¢262.578 millones corresponden a gestiones de cobro administrativo.
Además, en el 2024, el monto tramitado por esta vía aumentó un 73%; sin embargo, la Dirección General de Tributación recuperó solo ¢88.763 millones, lo que representa un 20% del total.
Recomendaciones de la Contraloría
Por ello, el órgano contralor recomendó a la Dirección General de Tributación y a la Dirección de Gestión Integral Tributaria elaborar, oficializar e implementar el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual de la DGT, así como definir la normativa que regulará la formulación de un plan para mejorar el cumplimiento tributario.
Además, instó en la necesidad de revisar, actualizar y poner en práctica los ajustes a la normativa vigente y al procedimiento de cobro administrativo de impuestos, con el fin de subsanar las inconsistencias entre la estructura organizativa y funcional.
También promovió a definir, priorizar, divulgar e implementar las acciones correctivas, que garanticen la ejecución efectiva del proceso de recaudación por parte de las Administraciones Tributarias. Esto en conjunto con la elaboración, oficialización e implementación de un mecanismo de rendición de cuentas que asegure la evaluación de los resultados.
Para llevar a cabo estos cambios, la Contraloría estableció varios plazos, siendo el último el 30 de abril del 2026, fecha en la que todas las medidas deben estar en ejecución.
