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El daño generado a los inversionistas de un fondo inmobiliario administrado por BCR SAFI, subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR), por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), es más elevado de lo que se esperaba.
El oficio confidencial SGV-R-143-2025, emitido por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), revela que el banco estatal y BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) hicieron un estudio en el cual estimaron un monto de $82,5 millones por cancelar al Fondo Inmobiliario No Diversificado, dueña del PEP.
“El precio por cancelar al fondo por el activo PEP asciende a un valor de $82.519.397,28, según información financiera y contable correspondiente a ingresos y gastos del fondo, información suministrada por BCR SAFI”, se indica en el documento de 18 páginas del cual tiene copia La Nación.
La estimación hecha por el conglomerado del Banco de Costa Rica, en agosto, se precisa en el documento Informe No. UFC-SP-EE-593-01-2025 sobre estudio especial.
Dicho estudio incluye los $70,8 millones de valor compra pagado por la subsidiaria del BCR a un grupo empresarial vinculado con Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristina (PUSC).
Además, incluye $11,7 millones correspondientes a los costos, inversiones y gastos de mantenimiento.
El monto por el cual BCR SAFI adquirió el PEP está muy por encima de los $16 millones que, un año antes, pagó el grupo relacionado con Vargas Corrales, según una pesquisa del Ministerio Público.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga a 14 personas —entre los que hay funcionarios y exfuncionarios del BCR— por la compra supuestamente con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico y otras ocho propiedades más a un grupo empresarial del exdiputado.
Capitalizar a favor de inversionistas
La estimación del impacto del PEP, hecha por el banco público, fue clave para que la Superintendencia ordenara una segunda capitalización a BCR SAFI.
Además, porque la Superintendencia ve un riesgo para los inversionistas del fondo inmobiliario a raíz de las medidas cautelares presentadas por el banco y la sociedad administrativa, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, contra la orden de cancelar el valor del PEP y los gastos de mejoras del inmueble.
La Superintendencia también reprochó la actividad de ambas entidades de obstaculizar la devolución de los recursos a los inversionistas.
“Estos riesgos se han incrementado por la actuación reciente de las entidades al plantear las medidas cautelares a pesar de que sus Juntas Directivas tan solo unos días previos habían tomado acuerdos para dar atención a lo requerido en la resolución SGV-R-179-2024, e inclusive se procedió a la convocatoria de una asamblea de inversionistas que tuvo que ser suspendida”, se precisa en el documento firmado por el superintendente Tomás Soley.
Tras señalar dichas amenazas, la Sugeval instruyó al Banco de Costa Rica a elevar el capital social de su subsidiaria en ¢19.260 millones ($38,7 millones), a más tardar al 31 de marzo del 2026.
En julio del año pasado, la entidad supervisora obligó al BCR a realizar una primera capitalización por ¢22.000 millones ($44 millones), aporte que se concretó este año.
“La entidad mantenía a noviembre del 2025 el monto de ¢22.000 millones, producto de lo ordenado por la Sugeval (...) el 23 de julio del 2024. Sin embargo, se requeriría aportar ¢19.260 millones adicionales con el fin de completar el monto total de ¢41.260 millones (precio total en colones por cancelar al Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado por el activo PEP)“, se indica en el oficio.
Adicionalmente, el jerarca obligó a BCR SAFI a revelar la orden de capitalización debido a las “magnitudes de la transacción de adquisición del inmueble que está siendo revisada”.
Por esa razón, la sociedad administradora publicó este viernes 12 de diciembre el hecho relevante informando al mercado de valores costarricense.
Acciones preventivas
La Superintendencia también instruyó la nueva capitalización porque, dependiendo de la resolución de los procesos penales, judicial y administrativos, puede afectarse la continuidad de la operación de BCR SAFI.
“Se observa que los montos que eventualmente deba honrar la Sociedad Administradora son de magnitudes que podrían deteriorar rápidamente a esta entidad a un nivel que no sea viable su operación, lo cual pondría en peligro la gestión de todos los fondos de inversión bajo su responsabilidad", advirtió Soley en su oficio.
El jerarca de la Sugeval recalcó que las medidas ordenadas van dirigidas a fortalecer la capacidad financiera de la sociedad para que sea resiliente a eventuales pérdidas.
Por tal razón, instó al Banco de Costa Rica a realizar las asambleas de accionistas necesarias y obtener la autorización de la Contraloría General de la República (CGR) para hacer el nuevo aporte al capital social.
“Al contexto anterior se debe agregar que el activo PEP sigue siendo parte del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado sin que la sociedad administradora haya tomado acciones concretas que permitan normalizar la situación financiera de este vehículo de inversión”, sostuvo la Superintendencia.
Tomás Soley le recordó a los jerarcas del BCR y BCR SAFI que las instrucciones dadas están fundamentadas en las herramientas de fiscalización y corrección otorgadas en la Ley Reguladora del Mercado de Valores y la Ley Orgánica del Banco Central.
