En total, 67 cantones de Costa Rica invirtieron ¢407,7 millones menos en su servicio de recolección de residuos en el 2022 respecto al 2020, a pesar de que los ingresos reales de las municipalidades por brindar este servicio aumentaron en ¢6.679 millones de un periodo al otro.
Así lo muestra una comparación hecha por La Nación con base en datos suministrados por la Contraloría General de la República, que fueron recopilados en el Índice de Gestión Municipal del 2021 y el del 2023. Este último reporte fue publicado en setiembre del año pasado.
Según los datos de la Contraloría, esas 67 municipalidades recaudaron ¢57.276 millones en el 2022 en comparación con los ¢50.596 del 2020. La recaudación fue liderada, principalmente, por grandes centros urbanos del país, tales como los cantones de San José (¢6.382 millones), Alajuela (¢5.898 millones) y Desamparados (¢2.678 millones).
En ese mismo lapso, los gobiernos locales invirtieron ¢6.226 millones en el mejoramiento del servicio de recolección de residuos, cifra por debajo en ¢407,69 millones de los ¢6.634 millones destinados a ese fin en el 2020, según la información de la Contraloría. Esto a pesar de que, a escala nacional, el servicio de recolección está en un grado de madurez básico, de acuerdo con el mismo órgano contralor.
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En el rubro de inversión sobresalen cantones como Belén, Alvarado y Aserrí, cuyas municipalidades invirtieron más de lo que recaudaron en el servicio, en el 2022. Otros gobiernos locales como el de Cartago también registraron un alto monto nominal de inversión, equivalente al 55,47% de lo recaudado.
Andrés Fernández, economista e investigador del Consejo de Promoción de la Competitividad (CCP), explicó que los rubros de inversión incluyen gastos de capital para mejorar o ampliar el servicio de recolección de residuos, como equipos o maquinaria, excluyendo el pago de planillas.
En el listado se incluyeron únicamente 67 cantones, pues solo se tomaron en cuenta aquellos que presentaron a la Contraloría toda la información de inversión y recaudación en el servicio específico de recolección de residuos para ambos informes (2021 y 2023).
42 municipalidades incumplen con inversión
En la comparación para cada cantón, 43 de los 67 invirtieron un porcentaje menor de lo establecido por el ente contralor, mientras que solo 24 cumplieron. La Contraloría espera que las municipalidades destinen cada año, al menos el 10% de los ingresos reales del servicio.
Según Fernández, para establecer ese porcentaje, la Contraloría divide el monto destinado a la inversión en el servicio de residuos entre el total recaudado exclusivamente bajo ese rubro. Básicamente, busca determinar cuánto de lo generado se reinvierte en mejorar el servicio.
Para el informe del 2023, seis municipios no invirtieron nada de lo recaudado (Guatuso, Oreamuno, Los Chiles, Palmares, Poás y Matina), y otros cuatro, incluyendo San José, no alcanzaron ni siquiera el 1% (San José, San Ramón, Moravia y San Isidro).
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Emperatriz Ordeñana, jefa de servicios ambientales de la Municipalidad de San José, confirmó que efectivamente hubo un monto menor en la cuenta principal de inversión del gobierno local en el 2022, luego de destinar poco más del 6% de lo recaudado en la revisión anterior.
La Nación consultó los factores que incidieron en la reducción, pero al cierre de edición no obtuvo respuesta. Ordeñana afirmó que estaban revisando si hubo un rubro complementario y que respondería cuando tuviera la información de la Dirección Financiera.
Por otro lado, 22 municipios invirtieron al menos 10% o más de los ingresos reales generados en el servicio de recolección de residuos, y solo tres gobiernos locales destinaron un porcentaje mayor a lo recaudado con sus contribuyentes (Belén, Alvarado y Aserrí).
Rosario Chacón, gestora ambiental de la Municipalidad de Alvarado, comentó que en ese gobierno local invirtieron en la entrega de composteras rotativas a centros educativos, instituciones y productores agrícolas. Estos aparatos sirven para el manejo de residuos orgánicos.
Chacón también explicó que el gobierno local de Alvarado fortaleció los programas de recolección diferenciada en el cantón, principalmente el de compostaje y reciclaje municipal, e invirtió en la elaboración del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos.
Según la Contraloría, el plan es un instrumento de gestión integral que articula todas las acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final. Solamente 51 de los 82 municipios contaban con una guía de este tipo vigente.

En términos nominales, el cantón de Cartago fue el que más invirtió, con un monto que ascendió a ¢1.041 millones, equivalente al 55,47% de lo recaudado por medio del servicio de recolección de residuos durante el 2022, que fueron ¢1.878 millones.
Daniela Araya, del área de Planeamiento de la Municipalidad de Cartago, explicó que en ese año se realizó el pago por el proceso de compra de 11 nuevos camiones recolectores, con el propósito de hacer un recambio de la flotilla de recolección.
Araya manifestó que dicha inversión obedeció a la necesidad de cambiar las unidades antiguas de recolección, las cuales ya habían cumplido su vida útil, con el fin de garantizar la prestación del servicio de recolección de residuos con equipos nuevos.
Servicio básico
Según la Contraloría, el servicio de recolección, depósito y tratamiento de residuos se encuentra en un grado de madurez básico en todo el sector municipal. De los 67 cantones analizados, 32 disminuyeron su inversión en el servicio, y de estos últimos, dos se encuentran en un nivel inicial y 13 en un nivel básico.
Por otro lado, 16 cantones fueron catalogados en un grado de madurez intermedio y solo uno en nivel avanzado. Además, el ente contralor señaló que el último informe evidencia una disminución en el nivel de madurez relacionado con elementos básicos para prestar los servicios municipales, entre los cuales se encuentran la recolección de residuos y el aseo de vías.
Al comparar los dos últimos informes, se encontró que para el 2023, el 78% (64) de los gobiernos municipales se ubicó en los niveles de madurez inicial y básico, casi duplicando el 40% (33 municipalidades) que estaban en esa condición en el 2021. El análisis incluye todos los municipios y compara los mismos servicios para ambos periodos.
La Contraloría también señaló en un informe de auditoría de noviembre del 2023 que 31 distritos con alta vulnerabilidad y poco desarrollo no recibían el servicio de recolección de basura. Estas comunidades pertenecen a 10 cantones alejados del centro del país, como Guatuso y Upala.
El ente contralor detalló que el crecimiento “insuficiente y lento” de la cobertura del servicio eleva el riesgo de contaminación ambiental, ya que se realizan prácticas inadecuadas con el manejo de residuos, como quemarlos o arrojarlos en áreas abiertas como ríos, calles y terrenos baldíos.
Impacto ambiental
Kattya Elizondo, gestora de la Unidad de Gestión Ambiental de la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que el servicio de recolección de residuos, tanto valorizables como de basura, es clave para la población debido a las consecuencias de salud pública que pueden generarse si es deficiente.
“El servicio de recolección de residuos es un eslabón muy importante, sea para residuos valorizables o del que va para el relleno sanitario, porque esto puede conllevar serios problemas. Las municipalidades necesitan robustecer esos servicios, porque es un punto primordial para la gestión integral de residuos”, afirmó Elizondo.
Elizondo explicó que usualmente los residuos se colocan en aceras para que sean recolectados, con lo cual, si el servicio es deficiente, se crea un problema de salud pública debido a los malos olores y a la llegada de animales como moscas, ratas o aves carroñeras.
Además, genera un impacto ambiental, porque los lixiviados (líquido que emana de la basura) entran en corrientes de agua, las cuales también sufren la llegada de residuos como plásticos u otros tipos de materiales.
En relación con los residuos valorizables, conocidos como reciclaje, la principal consecuencia de que el servicio sea deficiente es que se desincentiva a la población a realizar la separación de los materiales, añadió Elizondo.
En general, las deficiencias en el servicio de recolección también provocan obstrucción de vías o aceras, la llegada de roedores a las casas, así como malas prácticas en el desecho de residuos sólidos, como la quema de materiales.
Alta morosidad
Según la Contraloría, en el sector municipal, la morosidad de los contribuyentes en relación con el servicio de recolección de residuos ascendió a ¢47.943 millones, lo que representa 53,81% del total puesto al cobro durante el 2022. Sobre este particular, en 54 gobiernos locales la morosidad superó el 30%.
Destacan municipalidades como la de San José, con una morosidad del 56,67%; Desamparados, con 66,15%; Curridabat, con 47,45%; o Cartago, que registró un incumplimiento de pago del 39,42% del total puesto al cobro en el periodo por el servicio de recolección de residuos.
En este mismo sentido, 69 de los 82 gobiernos locales no tienen actualizada la tasa del servicio de recolección de residuos ordinarios. El ente contralor destacó que la gestión de cobro es un punto de mejora al que las municipalidades deben brindar especial atención, dado el impacto que tiene el aspecto financiero en la prestación de los servicios municipales.
