El Ministerio de Hacienda presentó este lunes 24 de agosto un proyecto de ley que modificaría el sistema de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la compra de materiales escolares que realicen familias en condición de pobreza.
Actualmente, la ley establece que el IVA pagado por estos bienes se devolverá de forma mensual.
La reforma permitiría que el fisco efectúe la devolución de manera automática al momento de la compra, siempre que se cumplan ciertos requisitos y las nuevas disposiciones establecidas.
En primer lugar, el proyecto establece que el beneficio aplicará únicamente para compras realizadas con la tarjeta de débito en la que la entidad estatal competente deposite el bono escolar. Además, las personas beneficiarias deberán contar con una clasificación socioeconómica emitida por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
La propuesta establece que la devolución automática se efectuará mediante la interconexión del Sistema Integrado de la Administración Tributaria, Tribu-CR, con el Sinirube, para verificar la condición de beneficiario y procesar el reintegro.
La legislación vigente ya exige un comprobante electrónico que detalle la adquisición y consigne los datos de identificación del beneficiario. Con esa información, la Administración Tributaria verifica que la cédula esté vinculada a un hogar en condición de pobreza registrado en el Sinirube.
Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos de Hacienda, confirmó a La Nación que los comercios no tendrán acceso directo al Sinirube. La verificación se realizará internamente en el Ministerio, que posteriormente girará el monto correspondiente a la cuenta donde se deposita el bono escolar.
El proyecto, tramitado bajo el expediente N.° 25.735, propone reformar el artículo 11 bis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (N.° 6826), incorporado a esa normativa mediante una ley aprobada en octubre de 2024.
La disposición busca facilitar el acceso a útiles escolares y equipo tecnológico. En particular, contempla la compra de útiles, uniformes, computadoras, tabletas y teléfonos celulares por parte de personas pertenecientes a hogares en condición de pobreza.
Fijación de monto máximo
Hacienda también propone establecer un monto máximo anual para la compra de útiles escolares y uniformes, cuyo límite se definiría mediante reglamento si la iniciativa es aprobada. Según la justificación del proyecto, actualmente no existen controles sobre el monto de las adquisiciones, lo que podría facilitar abusos.
Para las computadoras y tabletas, el valor de la compra no podrá superar un salario base. En el caso de los teléfonos celulares, el límite será de medio salario base.
El beneficio se aplicará únicamente a estudiantes matriculados y activos en los niveles de preescolar, educación básica y media, secundaria, técnica, parauniversitaria y universitaria.
Compras tecnológicas no podrán hacerse cada curso lectivo
En cuanto a la compra de computadoras, tabletas y teléfonos celulares, el proyecto incorpora una disposición sobre la frecuencia con que podrá utilizarse el beneficio. Hacienda propone limitarlo a una compra cada tres años, en línea con la vida útil aproximada de estos dispositivos.
Actualmente, la ley permite aplicar el beneficio una vez por curso lectivo. Según la justificación de la iniciativa, esta periodicidad podría facilitar un uso desmedido del mecanismo.