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La Fiscalía General de Colombia y Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutaron una serie de allanamientos y capturas en tiendas Lili Pink en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando por un monto de $200 millones (730.000 millones de pesos).
Estas diligencias se centraron en la estructura operativa de la reconocida marca de ropa interior femenina Lili Pink, la cual cuenta con una presencia dominante en el mercado nacional a través de aproximadamente 300 tiendas ubicadas en centros comerciales y almacenes de cadena.
El operativo, que se extendió por diversas ciudades, incluyó la búsqueda de información contable y financiera para sustentar las pesquisas que las autoridades venían adelantando desde hace meses.
La investigación liderada por la oficina Delegada contra las Finanzas Criminales permitió desarticular lo que las autoridades describen como una sofisticada organización con alcance internacional.
Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los Delitos Fiscales, precisó que la labor articulada entre diversas dependencias puso al descubierto un esquema empresarial que utilizaba el prestigio de la venta de ropa femenina para facilitar el flujo de capitales de procedencia dudosa hacia el territorio nacional.
Según explicó el funcionario, “la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.
Este sistema no solo involucraba la venta de textiles, sino que diversificaba sus actividades para ocultar la verdadera naturaleza de sus transacciones financieras.
Alto volumen
El volumen de recursos manejados por esta red es significativo. Los informes oficiales indican que se ha documentado un lavado de activos que asciende a los $200 millones (730.000 millones de pesos), sumado a un enriquecimiento ilícito de particulares que supera los $118 millones (430.000 millones de pesos).
Además, las maniobras de la red estarían diseñadas específicamente, conforme con el más reciente pronunciamiento de la Fiscalía, para “disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.
En el comunicado, se aclaró que dicho lavado se dio “a través de importadores y empresas proveedoras de fachada y de papel, que simulaban operaciones de comercio exterior”.
En cuanto al componente de contrabando, la entidad estima que el valor de la mercancía ingresada de forma irregular superaría los $20 millones (75.000 millones de pesos), habiéndose realizado ya decomisos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) avaluados en más de $15 millones (54.000 millones de pesos).
Por su parte, Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, informó sobre el alcance de las medidas cautelares impuestas sobre el patrimonio vinculado a este conglomerado.
El funcionario señaló que, tras obtener las órdenes pertinentes ante jueces de control de garantías, se procedió a la afectación de una vasta cantidad de bienes en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del país.
Cárdenas detalló que un fiscal de su dirección “impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales eran objeto de avalúo”.
