La digitalización del trámite de libre transferencia entre operadoras de pensión complementaria (OPC), cambios en la forma de efectuar el traslado y la lucha entre las gestoras por captar clientes dinamizó los movimientos de afiliados y de sus ahorros individuales, durante el año pasado.
En el 2021, un total de 144.018 de personas decidieron moverse entre empresas administradoras del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), lo que implicó un aumento comparado con los dos años previos, según datos publicados en la página de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
En el 2019, fueron 91.409 afiliados quienes decidieron realizar la libre transferencia, mientras que, en el 2020, la cantidad de procesos concluidos bajó a 68.713.
La reducción tan relevante se explica porque, entre mayo y agosto del 2020, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) suspendió los procesos de transferencia de cotizantes como medida excepcional para evitar la materialización de pérdidas a los afiliados en el ROP, debido a pérdidas reportadas ese año a consecuencia de la crisis sanitaria.
Sin embargo, la tendencia se revirtió el año pasado, cuando el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) modificó el proceso de transferencia de afiliados. Previo a la pandemia, las personas debían acudir a dicha oficina y realizar el trámite de manera física, se detalla en el Informe de coyuntura del sistema costarricense de pensiones, elaborado por la Supén.
No obstante, a partir de la segunda mitad del 2020, el Sicere permitió a los afiliados trasladarse desde la operadora de pensiones de origen o la de destino, a lo cual se unió que las OPC establecieron la posibilidad de realizar el trámite de manera electrónica.
“En los últimos meses hemos visto un incremento de la libre transferencia y una de las posibles causas sería la relajación de las medidas sanitarias (...) Esto por cuanto aumenta las posibilidades de los agentes promotores de pensiones para contactar a las personas y visitarlos en sus lugares de trabajo para realizar el proceso de traslado”, consideró Rocío Aguilar, jerarca de la Supén.
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Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones, reconoció que, el año pasado, se incrementó la gestión de búsqueda de clientes afiliados entre operadoras.
“El incremento se encuentra asociado a la habilitación normativa de diversos medios para llevar a cabo el proceso de libre transferencia por parte del afiliado, dado que se ha incrementado la cantidad de opciones y se ha simplificado el proceso”, afirmó Porras.
Hermes Alvarado, gerente de BN Vital, mencionó que las operadoras también ajustaron su estrategia comercial, ante las nuevas condiciones del trámite, lo cual posibilitó el incrementos sustancial.
La libre transferencia es el derecho de un afiliado de pasar de una operadora a otra sin costo alguno, según lo establece la Ley de Protección al Trabajador. La opción de pasarse entre operadoras se habilitó desde el 2003.
Monto relevante
La dinamización del traslado de cotizantes entre OPC implicó también un alza en el movimiento del monto de recursos. El año anterior, el monto trasladado fue de ¢554.634 millones, es decir, el 5,8% de los recursos totales del ROP administrado por las operadoras de pensiones, el cual ascendió a ¢9.628.636 millones, según la Supén.
En el 2020, la transferencia de ahorros individuales fue de ¢260.683 millones, el 3,3% del total de dinero de la pensión complementaria. Y, para el 2019, fueron ¢355.814 millones, o sea el 5,2% de los recursos totales del ROP.
Las operadoras consultadas por La Nación reconocieron que hay clientes que deciden trasladarse a otra OPC cuando detectan una reducción en los rendimientos y sus estados de cuenta reflejan una minusvalía a corto plazo en el valor a precios de mercado.
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Por ejemplo, en el 2020, la incertidumbre por la pandemia provocó un baja en los rendimientos en las inversiones de los fondos. Situación que también ocurrió en el último trimestre del 2021.
Sin embargo, Aguilar manifestó que no cuentan con evidencia contundente de que la rentabilidad, sea positiva o negativa, actúe como una determinante en el volumen de libre transferencia.
“Las decisiones del afiliado para pasarse de operadora de pensiones tienen causas múltiples, tales como el servicio, las facilidades de los grupos financieros, entre otros. No podría atribuirse a alguno en específico”, sostuvo la funcionaria.
Laura Moreno, vicepresidenta Corporativa de BAC Credomatic y vocera de BAC Pensiones, dijo que el momento en el cual una persona decide trasladarse puede tener una implicación real para la persona.
“El riesgo para el cotizante de trasladarse, por minusvalías por valoración, es que está tomando una decisión que impactará sus resultados de largo plazo debido a una situación pasajera de corto plazo, asociada a condiciones de mercado”, dijo esta ejecutiva.
El gerente de Popular Pensiones destacó que moverse en un momento en que las inversiones reflejan minusvalías implicaría que el afiliado materialice la pérdida a valor real.
“Es decir, hacer el traslado en el momento de una minusvalía, al retirar los recursos de una operadora a otra, materializa la pérdida generada por la minusvalía y se trasladan los recursos a un menor valor”, subrayó Porras.
El gerente de BN Vital aconsejó a las personas, antes de tomar una decisión de traslado, evaluar la rentabilidad del fondo a largo plazo y no en periodos cortos.
