EscucharSeguimos analizando el Proyecto Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, en cuanto plantea la creación de un procedimiento de cobro coactivo y directo a cargo de la misma Administración Tributaria.
Este nuevo proceso sería de aplicación exclusiva para el cobro ejecutivo de tributos y sanciones administrados por la Dirección General de Tributación; es decir, no se aplicaría para los impuestos o tasas que actualmente son administrados por otros entes, como por ejemplo las municipalidades.
El nuevo trámite estaría previsto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y, en lo que no esté expresamente regulado, se aplicaría supletoriamente la normativa del Código Procesal Civil (lo dice así el proyecto).
Esta remisión es un error evidente, pues el procedimiento para el cobro de deudas ante los tribunales se contempla, desde hace muchos años, en la Ley de Cobro Judicial y no en el Código Procesal Civil. Ello provocaría más problemas que soluciones.
De ponerse en vigencia esta nueva normativa, todo obligado tributario deberá poner en conocimiento de la Administración, cuando esta así lo requiera, una relación de bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria.
Una obligación de este tipo no existe ni siquiera frente a los tribunales de cobro judicial, de modo que una vez más tendríamos mayores potestades en sede administrativa que en sede jurisdiccional.
También se regula la posibilidad de realizar embargos preventivos, aunque la deuda se encuentre apenas en vías de determinación; es decir, cuando todavía no existe deuda líquida y exigible la Administración ya podría embargar bienes sin rendir garantía de ningún tipo.
Esta es una facultad que la Administración no tiene actualmente dentro del proceso de cobro judicial, pero la tendría en el procedimiento administrativo que llevaría a cabo por sí y ante sí.
Agreguemos a esto que la Administración también se encargaría de rematar los bienes embargados para cobrarse sus propias deudas. Incluso el órgano tributario a cargo del cobro administrativo puede apersonarse en los procesos de cobro judiciales para hacer valer las preferencias y derechos de la Administración.
Podemos dudar desde ahora de la imparcialidad del procedimiento cuando se es juez y parte interesada al mismo tiempo.
