Los contratos adjudicados por instituciones públicas a Radiográfica Costarricense (Racsa) se dispararon en los dos últimos años.
La empresa ganó, en el 2017 y el 2018, negocios para ser proveedor de servicios por valores que ascendieron cada año a casi ¢7.000 millones.
Mientras que en el periodo comprendido entre el 2014 y el 2016, las contrataciones obtenidas por Racsa fueron en promedio de ¢900 millones cada año. Es decir hubo un incremento de siete veces.
Así se detalla en el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), de la Contraloría General de la República (CGR), y el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En ambas plataformas informáticas las instituciones estatales registran los procesos de contratación administrativa desde la apertura de los carteles hasta la adjudicación en firme.
Francisco Calvo, gerente general de Racsa, explicó que la diversificación de servicios tecnológicos al sector público y privado permitió un incremento de los ingresos operativos del 11% en promedio entre el 2014 y el 2018.
Según la información brindada por la subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a partir del 2015 volvieron a tener utilidad operativa.
Los nuevos servicios brindados al sector públicos se convirtieron en un salvavidas para Radiográfica dado que, entre el 2010 y el 2014, la entidad acumuló pérdidas por ¢53.000 millones, según los estados financieros obtenidos por La Nación en 2016.
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Racsa no brindó estados financieros de los últimos cinco años, ni sus ingresos y gastos totales en números absolutos, pese a que este diario solicitó la información.
La compañía pública siempre se ha negado a abrir sus cuentas amparados en la Ley Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, promulgada en 2008.
Racsa fue creada en 1964 y es propiedad 100% del ICE. Su objetivo es la explotación de telecomunicaciones en el país, conectividad, Internet y venta de servicios especializados.
Negocios directores
La principal característica de los negocios adjudicados a Racsa, por parte de instituciones públicas, es que se hicieron mediante contratación directa.
Este proceso permite a cada entidad tener el control absoluto del proceso para elegir al oferente del servicio o bien, a diferencia de las licitaciones públicas en las cuales hay revisión previa de la Contraloría.
La información de la CGR y el Sicop detallan que, entre el 2014 y 2016, la subsidiaria del ICE obtuvo en promedio 24 contratos. Pero entre el 2017 y el 2018 dicho promedio se elevó a 46 por año, es decir casi el doble.
Edwin Estrada, viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), enfatizó que no ha existido ninguna directriz para aumentar la contratación de servicios con Racsa.
“Desde esta administración no ha existido una orden o directriz para elevar la contratación de servicios a Racsa. Más bien hemos insistido en que la instituciones manejen sus compras en las plataformas oficiales (Sicop)”, destacó Estrada.
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El gerente de la empresa pública destacó que la diversificación de negocios permitió elevar la venta de servicios, mediante la adjudicación de nuevo contratos.
“En el año 2016, una directriz corporativa (...) del ICE define el nuevo perfil empresarial de Racsa como integrador digital especializado para el sector público”, resaltó Calvo.
El jerarca enfatizó que ahora se enfocan a desarrollar soluciones de tecnología de información y telecomunicaciones con el Estado.
La nueva estrategia sí tuvo un efecto inmediato en la facturación a clientes de la empresa.
A manera de ejemplo, en el 2014, los ¢585 millones en contratos con instituciones públicas fueron el equivalente al 2,1% del total ingresos corrientes de Radiográfica.
Mientras que, el año pasado, cerraron ventas por un monto de ¢6.921 millones, es decir el 16,6% de los ingresos.
Servicios brindados
La Municipalidad de San José le significó a la empresa, el año pasado, el contrato más relevante por ¢2.392 millones para la constitución de un sistema integrado de gestión municipal.
El proyecto se ejecutará en un periodo de 16 meses para la implementación y 60 meses para la etapa de utilización del sistema, según consta en la sesión 137, del Concejo Municipal josefino, del pasado 11 de diciembre.
El ayuntamiento solo analizó la oferta de Racsa, no hubo ningún otro oferente.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le efectuó adjudicaciones por ¢1.800 millones de manera directa en el 2018, se detalla en los registros de Sicop y la CGR.
Entre los servicios contratados están la creación de un expediente automatizado para atención de menores de edad, así como un software para gestionar la administración financiera y de recursos humanos, confirmó la Oficina de Prensa del PANI y en los expedientes de contratación de la institución.
El Banco Popular también le dio un contrato por el uso del sistema Sicop el ante anterior.
Sin embargo, el negocio más relevante se obtuvo, en el 2014, con el servicio para una solución de infraestructura tecnológica de de la entidad financiera.
Dicho contrato fue por $24,9 millones por un periodo de cuatro años, los cuales vencen este 2019, según los estados financieros del Banco.