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La Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), descartó acogerse a la amnistía tributaria y mantendrá su disputa legal con Tributación por el cobro de ¢46.878 millones en impuestos.
La diferencia entre ambas instituciones es en el trato impositivo del aporte hecho por el INS a Bomberos y la proporcionalidad aplicada a los gastos asociados a los ingresos por intereses sobre inversiones.
El enfrentamiento se inició a comienzo del 2017. En ese momento, el fisco efectuó un traslado de cargos por ¢80.000 millones.
La decisión de no apelar al beneficio de la amnistía se tomó el pasado 21 de enero, pero trascendió hasta este martes 26 de febrero, por medio de un comunicado de prensa enviado por el INS.
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La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el pasado 4 de diciembre, estableció un periodo de tres meses de amnistía en el cual se perdona el cobro de los intereses y entre el 80% y 60% de las multas establecidas por el fisco.
El plan fiscal establece al contribuyente el pago inmediato de tributos o la posibilidad de un arreglo de pago fraccionado, por un periodo de seis meses.
El beneficio establecido con la reforma fiscal finalizará el próximo 4 de marzo. Al pasado 17 de febrero, Hacienda contabilizó un ingreso extraordinario de ¢180.510 millones mediante este beneficio.
Controversia
Elian Villegas, presidente ejecutivo del Instituto, afirma que la contribución del 4% a Bomberos sí es un gasto deducible del impuesto sobre la renta.
Sin embargo, la interpretación de fisco es que se trata de una carga parafiscal que no puede ser deducible en la declaración de impuestos.
En el caso de los gastos por inversiones, Villegas destacó que Tributación señala desproporcionalidad en la determinación de los gastos no deducibles asociados a los ingresos no gravables de las inversiones financieras.
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El jerarca del INS sostiene que la entidad cuenta con un sistema de costeo robusto que permite identificar objetivamente todos los costos asociados a cada una de las actividades que desarrolla, incluidas las inversiones.
“La determinación de gastos por el método de la proporcionalidad es accesorio, solamente se utiliza cuando el contribuyente no cuente con métodos de determinación objetivos y verificables, lo que en nuestro caso no corresponde”, dijo el funcionario.
Villegas reiteró que el INS continuará adelante con las acciones judiciales correspondientes.
De diciembre y hasta el pasado 17 de febrero, la Dirección General de Tributación reportó la cancelación de ¢180.510 millones por concepto de amnistía, de los cuales casi 90% correspondía al impuesto de renta, es decir, ¢160.172 millones.
