EscucharLas empresas financieras del sector público distribuyeron, durante este mes de marzo, ¢84.163 millones entre instituciones y programas estatales, monto que corresponde a las llamadas cargas parafiscales que salen de las ganancias del 2022.
Esta cifra significó un incremento del 10,5% comparados con los ¢75.922 millones de las utilidades generadas en el 2021.
Así se detalla en los estados financieros auditados del Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular.
La transferencia de recursos de dichas instituciones está dictada por ley y, en cada caso, representan un porcentaje fijo de las ganancias realizadas durante el ejercicio económico previo.
Con dicha fórmula, los recursos a distribuir dependerán de si la entidad tuvo un resultado positivo en el año o no. Por ejemplo, en el 2020, cuando comenzó la pandemia de la covid-19, el dinero transferido tuvo una reducción, pero se recuperó en los dos años posteriores.
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El INS fue la entidad que más dinero entregó este año, por un monto de ¢27.546 millones. En relevancia siguió el BCR, con ¢26.980 millones; el Nacional, con ¢21.561 millones; y el Popular, con ¢8.076 millones.
Mónica Araya, presidenta ejecutiva de la aseguradora pública, comentó que los recursos tendrán un impacto positivo en las instituciones beneficiarias. La contribución más relevante se realizó al Ministerio de Hacienda.
Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional, confirmó que los recursos ya fueron transferidos a las instituciones beneficiarias.
El jerarca explicó que, durante el 2022, la entidad tuvo un resultado récord de ¢104.127 millones lo que favoreció la distribución de utilidades. Mientras que, en el 2021, fueron ¢68.146 millones.
“Tanto los tributos como los parafiscales corresponden a porcentajes sobre la Utilidad Operacional Antes de Impuestos y Participaciones”, detalló Alfaro.
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Distribución por beneficiarios
El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) recibió el 30,1% de las ganancias de las empresas públicas, es decir, ¢25.392 millones. La Ley de Protección al Trabajador dicta que las compañías estatales deben contribuir con el 15% de sus utilidades al fondo.
El INS, el Nacional y el BCR son los únicos que aportan. El Popular no porque se trata de una institución pública no estatal.
Por su parte, Hacienda concentró el 27,4% de los recursos, lo cual significó ¢23.059 millones, en este caso solo de la empresa aseguradora, que reparte el 25% de sus ganancias al Gobierno. El monto no incluye el impuesto sobre la renta pagada por los bancos.
La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) obtuvo ¢12.785 millones correspondientes al 5% de las utilidades de la banca pública antes de impuestos y participaciones.
El otro monto en relevancia fue el transferido al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) por parte de BCR y el Nacional. Ambos están obligados a destinar el 10% de sus ganancias a dicha organización y el monto ascendió a ¢11.747 millones, según los estados financieros de ambos bancos.
Entre tanto, a la Comisión Nacional de Emergencias los bancos públicos le transfirieron ¢7.995 millones.
Por último, el Banco Popular transfirió ¢2.315 millones de sus utilidades al Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fodemipyme), administrado por la propia entidad, y cuyo objetivo es brindar financiamiento blando, avales y promover el desarrollo empresarial de pequeñas empresas.
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El IVM recibió el 30,1% de las ganancias de las instituciones financieras públicas, es decir, ¢25.392 millones. El INS, Banco Nacional y BCR están obligados a trasladar el 15% de sus ganancias al fondo de pensiones. (Rafael Pacheco Granados)
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