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El Gobierno duplicará la contratación de nuevos empleados públicos en el 2017.
El Ministerio de Hacienda confirmó que los nuevos empleos significarán un gasto de ¢33.700 millones anuales.
Precisamente la incorporación de estos funcionarios es una de las razones que impulsará el incremento del 5,3% en el pago de remuneraciones el próximo año.
La mayor contratación ocurre luego de una baja en la creación de plazas en el 2015 y el 2016.
Marjorie Morera, directora general de Presupuesto Nacional, enfatizó que cada nuevo puesto está justificado en un estudio técnico realizado por la Autoridad Presupuestaria.
“Para cada plaza hubo un análisis de la necesidad institucional. De hecho, en muchos de los casos, no hubo una aprobación de la totalidad de las plazas solicitadas”, explicó Morera.
La funcionaria afirmó que hubo casos –no detalló en cuántos– de traslado de plazas sin usar en un ministerio a otro con necesidad de trabajadores.
Asimismo, Morera recalcó que Hacienda no puede eliminar plazas, pese a que no se hayan utilizado por años.
Los tres poderes de la República reportaron, al cierre del 2015, 131.648 plazas de empleados ocupadas y 2.253 vacantes, según datos de Hacienda.
Desglose. De los nuevos empleados a contratar en el 2017, el 58%, es decir 1.500 personas, será en el Ministerio de Educación Pública (MEP) .
La mayoría de los nuevos puestos son para docentes, pero también hay administrativos. Del total, 503 son para educación de adultos, 443 a secundaria, 386 a primaria, 163 a educación especial y cinco a servicios especiales. El MEP tiene 80.000 docentes.
En el caso del Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo el incremento en plazas, 415 (16%) y 108 respectivamente, se justifica por la implementación de la reforma al Código Procesal Laboral.
En la Corte significará un gasto adicional en remuneraciones de ¢14.000 millones y en Trabajo de ¢1.167 millones, según el proyecto de presupuesto del 2017.
En el Ministerio de Justicia y Paz se crearán 300 nuevas plazas (11%), 159 para policías y 141 administrativos por un costo de ¢2.245 millones.
Para Paulina Ramírez, diputada liberacionista de la Comisión de Asuntos Hacendarios, es contradictorio que en medio de una crisis fiscal se incremente tanto la cantidad de nuevas plazas.
“Se revisará cada una de las instituciones donde se generan puestos, excepto en el Ministerio de Seguridad donde sí son necesarios”, recalcó Ramírez.
Mario Redondo, legislador de Alianza Demócrata Cristiana, enfatizó que hay una a necesidad de hacer una reingeniería en el empleo público.
“No es posible que haya instituciones donde sobran plazas y en otras faltan”, dijo Redondo.
