La Corte pasó ¢1.300 millones de su presupuesto de este año para hacer una contribución extraordinaria en su fondo de pensiones.
La decisión se tomó debido a que, durante un periodo de siete meses, la institución no hizo los aportes extra, patronales y estatales de sus empleados al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, los cuales se acordaron en setiembre del 2016.
Así se detalla en tres informes de junio, julio y agosto anteriores que alertaron de la falta de actualización en la contribución al régimen.
"Con gran preocupación, le traslado oficio N° 291-FC-2017, del 27 de junio de 2017, (...) mediante el cual (se) informa de la estimación del cálculo de la diferencia en el aporte patronal y estatal al Fondo debido a que la Dirección de Gestión Humana no actualizó los porcentajes de los aportes de manera oportuna", advirtió Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, en el oficio 3477-DE-2017, del 14 de junio pasado.
El documento, dirigido a José Luis Bermúdez, director de Gestión Humana del Poder Judicial, argumenta que, al no hacerse el ajuste oportunamente, hubo un impacto negativo en el patrimonio del régimen de pensiones.
Bermúdez declinó dar explicaciones de cómo ocurrió el error cometido por la división que él dirige.
"Este es un asunto que se trasladó a la Inspección Judicial con el fin de que se determinen las razones del atraso en la actualización del ajuste (contributivo)", dijo Bermúdez a La Nación, por escrito.
El Consejo, como administrador del sistema de jubilaciones, decidió realizar la modificación presupuestaria para darles contenido económico a los aportes no hechos, según el acuerdo tomado el pasado 17 de setiembre.
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El Poder Judicial tomó los recursos del presupuesto ordinario de la Corte, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.
"Con esta modificación al presupuesto, según lo manifestado por algunos centros gestores, no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario", se argumentó en el acuerdo 85-17 del Consejo Superior.
La contribución estatal y patronal a las pensiones judiciales se financia mediante la transferencia de recursos que anualmente hace el Ministerio de Hacienda a la Corte.
El régimen del Poder Judicial tiene actualmente 3.781 jubilados y 13.203 trabajadores activos. Hasta agosto anterior, reportó una reserva de ¢453.666 millones, según los estados financieros.
El 30 de octubre pasado, el Congreso acordó, en primer debate, una reforma para cerrar el déficit actuarial de ¢5,3 billones del sistema judicial.
Omisiones
Los aportes sin realizar al fondo de jubilaciones ocurrieron entre setiembre del 2016 y marzo anterior, según el oficio 429-FC-2017, del pasado 10 de agosto, hecho por el Departamento Financiero Contable.
Los ¢1.300 millones sin contribuir también incluyen parte del salario escolar pagado en enero, pero no reportado, el cual se computa como aporte a la pensión.
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El aporte patronal sin incorporar se trata de 0,61 puntos porcentuales de aumento aprobado en setiembre del 2016.
En dicho mes, la contribución pasó de 13,75% a 14,36%. El cambio se hizo porque, en el 2012, la Corte Plena aprobó elevar el aporte obrero-patronal; pero el cambio del patrono no se hizo como lo estipula la ley, según la Procuraduría General de la República.
En el caso de la contribución estatal, también entró a regir un alza en setiembre del año pasado. El ajuste fue de 0,58% a 1,24% y se aprobó para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El porcentaje contributivo del Estado a la Corte es el mismo destinado al IVM, pues está enganchado al del régimen administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, al subir en el IVM, se elevó en el Poder Judicial.
Bermúdez insistió en que nunca hubo un faltante en la contribución patronal y del Estado al régimen de pensiones.
"Para el momento en que se formula el presupuesto institucional del año 2016, este ajuste no se formuló", detalló el funcionario.
En octubre del año pasado, el Consejo Superior acordó hacer un pago retroactivo de ¢4.500 millones, del periodo comprendido entre febrero del 2013 y agosto del 2016, en el que no se hizo correctamente el ajuste patronal al fondo.